Judicial

Capturados alcalde de Puerto Leguízamo y alias Barbas, presunto líder de organización de explotación ilegal de oro

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Doce 12 personas señaladas de contaminar los ríos Caquetá y Putumayo con químicos usados para la extracción ilícita de minerales fueron judicializadas. En la acción participaron la Policía Nacional, la Armada Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Doce personas, entre ellos un miembro de la Armada Nacional y el alcalde de Puerto Leguízamo (Puyumayo), fueron capturadas en Bogotá, Cali y varios municipios de Putumayo, en una operación que vinculó a la Policía Nacional, la Armada Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). La acción, liderada por la Fiscalía General de la Nación, permitió desarticular una estructura de minería ilegal en el país.

Esta acción permitió detener el accionar del denominado capo de las dragas, alias Barbas, un hombre que desplegó una red criminal para instalar indiscriminadamente y poner en funcionamientos gigantescas máquinas de extracción de oro en los ríos Caquetá y Putumayo.

Durante dos años se recopilaron pruebas de la contaminación y vertimiento de mercurio a las fuentes hídricas, se identificó a varios de los presuntos responsables de esta actividad y quedaron en evidencia los colaboradores que facilitaban permisos e información para cumplir con esta labor ilegal.

Entre los detenidos está el cabecilla principal de la organización, alias Barbas o el Capo, sindicado de constituir la Asociación de Mineros de los Ríos Caquetá y Putumayo (Asomicuap), una agremiación con sede en Bogotá, que presuntamente servía de fachada para esconder las agresivas labores de minería, y que desde la capital del país, fabricaba y ensamblaba las piezas para construir las dragas.

La industria de metalmecánica de alias Barbas fue allanada en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Allí, los investigadores encontraron taladros, bombas, motores diesel, tornos y otros elementos, además de importante información sobre los clientes y las maniobras que utilizaban para llevar los repuestos a Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Chocó y Buenaventura.

La esposa del cabecilla, conocida en la red con el alias de Pati, fue capturada en un sector residencial del centro de Bogotá y al parecer se encargaba de administrar la fábrica de fundición y de coordinar el transporte del mineral extraído.

En octubre del año pasado, la Policía interceptó a alias Pati en el aeropuerto Eldorado cuando llegaba de Putumayo. Ese día, ingresaba a la ciudad con 367 gramos de oro moldeados en pequeñas láminas que escondía en los zapatos. Así, al parecer, se hizo evidente el uso de correos humanos para traer el oro desde esas zonas del país.

Juan Carlos Paya Torrijos, actual alcalde de Puerto Leguízamo (Putumayo), también estaría vinculado al proceso y fue capturado en el palacio municipal. En su contra existen elementos materiales probatorios que lo incriminarían en la recepción de 25 millones de pesos para emitir actos administrativos que al parecer favorecerían el ingreso de maquinaria a la región y permitiría el dragado sobre el rio Putumayo.

Otros supuestos integrantes de la estructura capturados están identificados como alias Yeyo, sindicado de ser el socio de alias Barbas, quien compraba el material extraído y realizaba los contactos con algunos funcionarios que podían emitir permisos para ingresar maquinaria a la región; alias el Japonés, alias Andrea y alias el Palomo, que son dueños de dragas y complejos de extracción ilegal, y alias Juaco y Sebastián (Armada), quienes al parecer entregaban información sobre los movimientos de la Fuerza Pública y la planeación de operativos a los yacimientos de la organización.

En dos años de investigaciones, la Policía Nacional y la Armada Nacional adelantaron tres operaciones contra la red de alias Barbas, en las que destruyeron 17 dragas entre los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo y constataron que para producir mensualmente 87.5 kilogramos de oro, vertían 140 kilos de mercurio a las aguas.

Los 12 capturados fueron trasladados a Bogotá donde son judicializados por explotación ilícita de yacimiento minero, daño en los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación ilícita, invasión de áreas de especial importancia ecológica, concierto para delinquir, receptación, prevaricato por acción y omisión y cohecho por dar u ofrecer.