La decisión fue de un juez con funciones de control de garantías de la ciudad de Bogotá, quien declaró que era legal la captura de Juan Carlos Paya Torrijos, alcalde de Puerto Leguízamo, Putumayo, además de otras 12 personas por presunta minería ilegal.

Los delitos por los que serán procesados los detenidos son: explotación ilícita de yacimiento minero, daño en los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación ilícita, invasión de áreas de especial importancia ecológica, concierto para delinquir, receptación, prevaricato por acción y omisión y cohecho por dar u ofrecer.

El alcalde Paya Torrijos también es sindicado de facilitar el ingreso de maquinaria utilizada para la explotación irregular de oro en el Putumayo, por medio de una red de minería ilegal integrada, según las investigaciones, por un miembro activo de la Armada Nacional.

Este integrante de la armada era quien presuntamente entregaba información de los operativos de la Fuerza Pública en estas zonas y así evitar sanciones penales.

El ente acusador del país imputará cargos a los detenidos, que tiene a varias mujeres, por la explotación ilegal de oro, al igual que por contaminación de fuentes hídricas con mercurio.