MinJusticia capacita a jueces en técnicas para combatir el lavado de activos transnacional

diciembre 5, 2016 8:42 pm

justiciaCon el fin de fortalecer la política criminal en materia de lavado de activos, el Ministerio de Justicia y del Derecho, en asocio con la embajada de los Estados Unidos de América, trabaja en el fortalecimiento de las capacidades de los operadores judiciales en investigaciones patrimoniales, para determinar las rutas de los dineros ilícitos y lograr mecanismos que faciliten su recuperación.

Desde la cartera de justicia, que preside el doctor Jorge Eduardo Londoño Ulloa, se aúnan esfuerzos con la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), y la Sección de Servicios de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos de América, permitiendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas de información para mejorar la intervención y sanción del lavado de activos asociado a la criminalidad y el narcotráfico.

En este esfuerzo de cooperación entre las dos naciones se desarrolla, desde hoy y por cuatro días en Bogotá, una capacitación denominada ‘Técnicas de Investigaciones Transnacionales de Lavado de Activos’, dirigida a los jueces especializados del país que atienden casos transnacionales de lavado de activos.

Para la cartera de justicia es vital impulsar el fortalecimiento de las capacidades de los operadores judiciales en investigaciones patrimoniales, con el fin de determinar a dónde fueron a parar estos recursos dentro y fuera de las fronteras de Colombia y lograr de esta manera su recuperación.

Según Marisol Palacios, Directora de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho, “el reto de la justicia colombiana es que el lavado de activos y la extinción de dominio se utilicen de manera sistemática por los operadores jurídicos que trabajan día a día en la lucha contra la corrupción y que no sean exclusivas del campo del narcotráfico”.

Con estos espacios de intercambio, el Ministerio de Justicia y del Derecho avanza en los mecanismos para mejorar la investigación y sanción de actos de corrupción, dotándola de racionalidad, coherencia y eficacia.

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