Judicial

La Nación deberá pagar más de $1.300 millones a civil secuestrado por las Farc

Panorámica de Neiva
Panorámica de Neiva
–Una indemnización por más de mil 300 millones de pesos deberá pagar la Nación a un civil que fue secuestrado por la guerrilla de las Farc, el 24 de febrero de 2004, en Neiva, capital del departamento del Huila, de acuerdo con la condena proferida por el Consejo de Estado.

El alto tribunal falló una demanda a favor de Luis Fernando Borrero Solano, cuyo plagio fue ejecutado a la media noche de ese día por el grupo en guerrillero en el edificio Altos de Manzanillo y del condominio Casa Blanca.

Según lo reseña el Consejo de Estado, varios hombres armados, vestidos con prendas militares, llegaron a los puestos de vigilancia del complejo habitacional para realizar un supuesto allanamiento, pero los porteros no autorizaron su ingreso, lo cual hizo que los guerrilleros utilizaran explosivos para abrir las cerraduras.

Posteriormente, con lista en mano, sacaron a tres personas que vivían en el lugar y las secuestraron.

El demandante en este caso, y una de las víctimas, permaneció en cautiverio cerca de 18 meses en condiciones infrahumanas, hasta que el 26 de agosto de 2005 fue liberado luego de haber llegado a un acuerdo económico para obtener su rescate entre sus familiares y la columna móvil “Teófilo Forero” de las Farc, por la suma de 400.000.000 de pesos.

Según las pruebas aportadas al proceso, pocos días antes del secuestro, en los conjuntos residenciales donde ocurrieron los hechos se realizó una reunión con varios empresarios de la región y miembros de la fuerza pública en la que se informaba del riesgo de un nuevo secuestro masivo como el ocurrido en el año 2001, en el edificio Miraflores de Neiva, pese a lo cual no se adoptaron medidas eficaces para contrarrestarlo.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, señaló que el hecho de que la Nación hubiera conocido la situación de riesgo en que se encontraban los habitantes de esa zona residencial, imponía a la fuerza pública el deber de garantizar su seguridad, pero las medidas que se adoptaron, como la realización de patrullajes esporádicos en motocicleta, resultaron insuficientes frente a la gravedad de la amenaza.

En su providencia el Consejo de Estado declara responsable a la Nación – Ministerio del Interior y Justicia, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional, del daño antijurídico padecido por los demandantes con ocasión del secuestro de Luis Fernando Borrero Solano.