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Bancada uribista no voto Reforma Tributaria ni la Amnistía

–Ni la Reforma Tributaria, ni la ley de Amnistía fueron avaladas por las bancadas del partido Centro Democrático encabezadas por el expresidente Alvaro Uribe Vélez.

«El Centro Democrático votó No en la Reforma Tributaria porque, estando en desacuerdo con los puntos fundamentales, no podíamos objetar el procedimiento constitucional», declaró el exmandatario.

Frente a la Amnistía, el expresidente y senador dijo que no la votó por «una objeción de fondo al procedimiento constitucional, al artículo primero», pues advirtió que el Presidente de la República anunció siempre que el pueblo sería el refrendador de esos acuerdos y al final, no lo cumplió.

«El Centro Democrático no votó está ley de Amnistía por razones de procedimiento y de sustancia», indicó Uribe Vélez.

En cuanto al «procedimiento», destacó que «el Gobierno y el Congreso están usurpando la facultad que se le dió al pueblo colombiano de refrendar directamente estos acuerdos».

Y en materia de sustancia, señaló:

Qué precedente tan grave abrir la posibilidad de que el narcotrafico, en beneficio del grupo narcotraficante de coca más grande del mundo, reciba impunidad, que se le considere conexo al delito político.

Está ley, es una ley que le da todo el beneficio de la impunidad a farcpolítica, incluso un funcionario del Estado que hubiera hecho peculado en beneficio de las Farc, queda amnistiado. ¿Qué tal si esto se hubiera hecho con los parapolíticos?

Está ley le niega a los militares colombianos recuperar la honra y los pone en el mismo nivel del terrorismo. Seguiremos en esta tarea», concluyó.

INTERVENCION EN EL DEBATE

En desarrollo del debate en la plenaria del Senado, Uribe Vélez, hizo una extensa intervención en la cual en principio, le formuló el siguiente interrogante al Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas:

Cuando uno estudia en esta ley las conductas que causarán la excarcelación inmediata de integrantes de las Fuerzas Armadas y aquellas que no, queda con alguna confusión, por eso, muy respetuosamente le pregunto al señor Ministro de la Defensa: ¿Cuáles son las conductas de los integrantes de las Fuerzas Armadas que tendrían inmediata libertad condicional?

Al efecto, el ministro Villegas le respondió así:

Antes de contestar puntualmente la pregunta del señor senador y expresidente Uribe, mi saludo a la plenaria del Congreso, al Senado de la República; y mi invitación a que se culmine el debate y podamos votar este proyecto de ley, ya aprobado también en Cámara.

Este es un proyecto de ley que como se ha dicho, reiterativamente, produce varios efectos, que para los agentes del Estado son efectos positivos y necesarios para poner fin al conflicto e iniciar una etapa de reconciliación.

Dentro de los agentes del Estado están de manera muy principal y notoria los miembros de las Fuerzas Armadas y para ellos se han previsto un par de beneficios, que repito, son necesarios, que consisten en primer lugar a la renuncia a la persecución penal para aquellos miembros de la Fuerza Pública que están sub judice, condenados o privados de la libertad, en investigación.

Esa renuncia a la acción penal está contemplada para los delitos que no son graves delitos de guerra o delitos de lesa humanidad.

Y el segundo beneficio es la libertad condicionada y provisionada, esa libertad condicionada y provisional es para todos los agentes y miembros del Estado, miembros de la Fuerza Pública, que cumplida una pena de cinco años en centros de reclusión militar, porque tienen fuero carcelario militar especial, una vez cumplida esa pena de cinco años, pueden gozar de la libertad provisional esos miembros de la Fuerza Pública.

Si no hubieran cumplido cinco años, podrán ajustar ese periodo de cinco años de pena en una guarnición militar distinta a un centro de reclusión militar. Guarnición militar quiere decir no bajo el régimen carcelario extraordinario para las Fuerzas Armadas, sino dentro de una guarnición con unas facilidades mejores.

¿Qué delitos? Para la renuncia sólo están excluidos los delitos más graves; para la libertad provisional todos los delitos relacionados directa o indirectamente con el conflicto armado cometidos por miembros de la Fuerza Pública. Eso quiere decir, honorables senadores, que tal como estaríamos hoy registrando de haber tenido otro resultado en el plebiscito, vamos a tener para los meses de febrero, primera semana de marzo, un total de alrededor de un millar, 1.200, como cifra máxima, de miembros de la Fuerza Pública que estarán gozando de la libertad provisional.

Como lo dice también la ley la libertad provisional no define la responsabilidad, esa libertad provisional, solamente, por haber cumplido una pena parecida a la que se impondrá por la justicia transicional, dará libertad provisional a esos miembros de la Fuerza Pública, pero la definición estará en manos del tribunal y de sus instancias permanentes una vez esté en funcionamiento.
Los listados de esos miembros de la Fuerza Pública que serán objeto de la renuncia y objeto de la libertad provisional, estarán a cargo del Ministerio de Defensa y el compromiso del Ministerio es cumplir con todos los requisitos que impone el proyecto de ley, que espero que se convierta en ley a la mayor brevedad, para que esos listados sirvan de pie a una libertad provisional muy rápida y a una renuncia a la persecución penal una vez el tribunal esté en funcionamiento». Fin de la respuesta del ministro de Defensa.

Luego el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, hizo las siguientes precisiones:

La respuesta que ha dado el señor Ministro de la Defensa nos causa una preocupación: no hay claridad en cuáles serían los delitos que gozaría inmediatamente de esa libertad condicional.

El derecho penal, si hay una rama del derecho que no admite analogías que y que exige una tipificación muy precisa, es el derecho penal.

El segundo tema sobre los militares. Ellos han tenido el derecho a que su tiempo carcelario sea en guarniciones militares, nosotros estamos en contra de algo que dice este proyecto, que para poder seguir en guarniciones militares tienen que aceptar someterse a la justicia especial, nos parece que es una coacción, además injusta.

Tercero. El sometimiento, cuando uno ya entra a hacer la concordancia entre este proyecto y la parte del acuerdo que se refiere a la justicia, repite lo que nosotros expresamos a lo largo de la campaña del plebiscito, aquí vamos a que los militares y policías tengan que reconocer delitos no cometidos para gozar de una relativa libertad, a que se tipifique, en perjuicio de la democracia colombiana, la sistematicidad, o en falsos positivos, o en abusos de Derechos Humanos por la vía de coaccionar hacia la mentira.

Y un tema señor Ministro que nosotros le insistiríamos, sería que se consagre la posibilidad de que aquellos militares y policías con sentencias en contra ejecutoriadas puedan defender su honra. Usted nos anunció en esas conversaciones, después del 2 de octubre, que el Acto Legislativo para las Fuerzas Armadas es un Acto Legislativo autónomo que no depende de los acuerdos de La Habana, pues bien le insistimos en ese punto.

Señor presidente, el Centro Democrático votó no en la Reforma Tributaria porque, estando en desacuerdo con los puntos fundamentales, no podíamos objetar el procedimiento constitucional.

Aquí tenemos una objeción de fondo al procedimiento constitucional, al artículo primero. El Presidente de la República anunció siempre que el pueblo sería el refrendador de esos acuerdos.

El Congreso tramitó primero una ley modificatoria a las condiciones del Referendo y después una ley estatutaria para reducir el umbral del plebiscito. La sentencia de la Corte Constitucional sobre esa ley estatutaria se refirió a el plebiscito y, por supuesto, el Centro Democrático hace parte de los colombianos que han demandado la inconstitucionalidad del Fast Track.

Nos parece de la mayor preocupación, como precedente para la democracia, que entonces ahora se diga que el Congreso sí puede refrendar. E incluso llegamos a la conclusión de que si van, como están haciendo, reconociéndole competencia refrendaría a el Congreso, les están creando otra minusválida, por ejemplo, esa competencia que el Congreso tiene para ratificar los tratados internacionales le permite devolver un tratado, y eso obliga a que se renegocie en un punto o en varios. Aquí en la practica política y en las normas que se han adoptado, el Congreso ni siquiera puede hacer eso. Esto es, le negaron una mínima competencia de discrecionalidad que tiene en el tema de los tratados internacionales.

Mis compañeros han hablado del narcotráfico. Yo quiero hablarle a la Unidad Nacional. Miren, si ustedes distinguidos senadores de la Unidad Nacional, al aprobar esto por lo menos consagraran que el narcotráfico en ninguna de sus modalidades puede ser delito conexo con el político, le evitarían un mal precedente a Colombia. Agréguenle lo que quieran, que eso no se opondrá a que cese la acción penal o a que se suspenda la condena, pero que lo menos se elimine la posibilidad de que el narcotráfico quede como delito conexo al político. Y nos dirán que el juez va a resolver en cada caso, pero recuerden el esquema que tienen que es el reconocimiento colectivo, que además va a estar avalado por lo que dijo el mismo Gobierno, que reconoció que las Farc ha estado en narcotráfico para financiar la rebelión, después lo van a decir en reconocimiento colectivo. ¿Quién individualmente va a decir lo siguiente? O sea que es totalmente lugatoria la idea de que el juez puede decir lo contrario en un caso particular.

Mis compañeros han hablado de otros temas. Un problema que hay aquí es que aquí queda la verdad a medias, se exige la verdad para el tema puntual, pero por ejemplo en ese tema de narcotráfico ni siquiera queda la obligación de denunciar rutas, cómplices, etcétera.

El tema de las víctimas: nosotros insistimos en que aquí no se está garantizando el derecho a la no repetición, la impunidad genera nuevas violencias.

Voy a hablar del tema que los juristas llaman ‘la vigencia personal’.

Esta ley de amnistía se refiere, si mal no la hemos leído, fundamentalmente a los integrantes de la Farc y a sus colaboradores que podríamos denominar farcpolítica y a los agentes del Estado reducidos a las Fuerzas Armadas.

Es una ley de beneficios, pero viene el acuerdo de paz en el tema de justicia, ese si exige que se someta todo el mundo a esa jurisdicción.

Yo hago una pregunta, un país que ha sido severo, por ejemplo en el tema de la parapolítica, entonces aquí está viendo aprobar una ley de amnistía para la farcpolítica, y que va incluso a los funcionarios estatales, a los servidores públicos, ya lo mencionó la doctora Paloma (Valencia), por ejemplo, la interpretación de esta ley permitiría colegir que una persona que ha estado en el servicio público y haya cometido un peculado para ayudar a la financiación de la rebelión de las Farc, recibiría el beneficio de la amnistía. Grave eso estimados senadores.

El tema de los menores, simplemente quiero presentar algo adicional. Ustedes conocen la denuncia el gobernador de Antioquía (Luis Pérez), pero lo más grave es que esta mañana a las Farc dijo que el gobernador de Antioquía no podría entrar a esas zonas, entonces aquí siguen por diferentes medios diciendo cuáles lugares del territorio están vedados a determinados ciudadanos.

Se hablaba también de que ahora se puede recorrer, por ejemplo, la carretera de Villa Garzón, no olviden los méritos a las Fuerzas Armadas, gracias a la seguridad democrática esas carreteras empezaron a recorrerse.

Y quiero hacer otra denuncia: el guerrillero a quien se conoce con el alias de ‘el paisa’ ha venido extorsionando a los huilenses y en los días cercanos a esta fecha.

Y quiero hacer otra denuncia: se habla de la paz, el Alcalde de Medellín (Federico Gutiérrez) informa que este año los homicidios crecieron un 5 por ciento y la extorsión un 10 por ciento.

Y permítame hacer un comentario, señor presidente, a alguna de las intervenciones anteriores. Decreto 128, enero de 2003. Si, buscó la desmovilización, beneficios a la desmovilización, no cambio en las normas penales, no cambio en la regulación ni en las limitaciones de elegibilidad. Lo primero no se podía haber hecho sino por ley y lo segundo por reforma constitucional. ¿Sabe a quién beneficio eso? Sí, benefició a un gran número de paramilitares, y le faltó ahora, a quien me hizo esa crítica, a 17 mil, 18 mil guerrilleros desmovilizados en el mismo periodo.

Se ha criticado mucho aquí que cómo nosotros, mi persona, exige penas penitenciarias para los mayores responsables de Farc si en mi Gobierno no se impusieron. En efecto, un texto con el cuál yo no estuve de acuerdo y que se cambió que no traía pena penitenciaria para los desmovilizados responsables de atrocidades, pero si traía penas alternativas como la inhabilitación para ejercer funciones públicas, la inhabilitación para la elección popular y la expulsión de los extranjeros.

Aquí ni siquiera se habla de una amnistía con expulsión de extranjeros, y además se ha permitido que extranjeros de la extrema izquierda internacional que en sus países han fracasado y que sus tesis no las han acogido, como las rechazó España en el caso de ETA, vengan a dictarnos cátedra, no sólo como asesores de las Farc, sino a utilizar los medios de comunicación de Colombia para difamar de los colombianos que hemos combatido al terrorismo.

Quiero recordar por último esto: el doctor Luis Carlos Restrepo, en varias comunicaciones propias de su gran carácter y de su transparencia de patriota, hoy exiliado -aquí declarando la impunidad de las atrocidades y él exiliado- ha dicho como yo siempre me opuse y exigí que tenía que haber esa detención penitenciaria para los responsables de delitos atroces. Finalmente, señor presidente, el señor HH de los paramilitares, fue extraditado por mi Gobierno.