Este sábado se connoció que el presidente Juan Manuel Santos objetó la ley que obligaba tanto a la Registraduría Nacional del Estado Civil como al Ministerio de Transporte a tomar acciones para que en la cédula y la licencia de conducción quedara explícito el deseo de las personas de ser o no donantes de órganos.

Al ser devuelta le ley al Congreso de la República, la presidencia dice: “se convierte en un retroceso para la actual ley de órganos”, que utiliza la presunción para incentivar la donación.

La norma 1805 del 2016, dice que se presume que se es donante cuando una persona no ejerce su derecho a oponerse a que de su cuerpo se extraigan órganos, tejidos o componentes anatómicos después de su fallecimiento.

Los que se considera es que la nueva normatividad representa un inconveniente constitucional porque contradice el principio de progresividad.

“Cuando una disposición legal contenga una medida regresiva debe presumirse su inconstitucionalidad”, según el informe que fue devuelto al Congreso.

Con esto se limitaría la protección del derecho que tienen las personas en situación de vulnerabilidad a la espera de un donante de órganos, tejidos o células que les permita continuar viviendo o mantener su salud, por lo que no se dio vía libre a su ejercicio.