En el Complejo Judicial de Paloquemao un Juez de control de garantías legalizó la captura del alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez y la secretaria de educación Dilcey Acosta, detenidos por presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar -PAE.

La aprehensión de Velásquez Rivadeneira la hicieron efectiva, en su propio despacho de la alcaldía, integrantes de una comisión de la Fiscalía General de la Nación enviados desde Bogotá, quienes simultáneamente procedieron a detener a los demás funcionarios para ser judicializados por el escándalo de corrupción.

Entre los otros detenidos figura Dilcey Acosta, secretaria municipal de Educación.

Tras ser notificados de las ordenes de captura, los aprehendidos fueron trasladados a las oficinas de la fiscalía en la capital de la Guajira para iniciar el proceso, según la fiscalía, por incurrir presuntamente en los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos.

El proceso judicial emprendido por la Fiscalía está relacionado directamente con un contrato de 5 mil 700 millones de pesos adjudicado a la llamada Asociación Social del Caribe (Asocar) para el suministro de las raciones alimenticias durante 10 meses para 16 mil 630 estudiantes en la jornada regular y 6 mil 893 más de la jornada única.

El escándalo de corrupción en los contratos del plan de alimentación escolar y los paquetes nutricionales en la Guajira fue develado en julio de 2016 por la Contraloría General de la República, tras una investigación iniciada un año atras, en desarrollo de una Actuación Especial de Fiscalización llevada a cabo sobre dichos programas.

El organismo de control estableció entonces la pérdida de más de 16 mil millones de pesos que correspondían a la alimentación de los niños en los colegios de la Guajira.

Los dineros, provenientes del Sistema General de Regalías – SGR – fueron girados a la Gobernación de La Guajira, al Distrito de Riohacha y los municipios de Maicao, Manaure y Uribia.

La Contraloría puso en evidencia, entre otras cosas, que los contratistas de la Gobernación de La Guajira para 2014 y 2015 eran las mismas fundaciones sin ánimo de lucro que, pese haber sido cuestionadas por su gestión, habían conformado diferentes consorcios o uniones temporales para acaparar o monopolizar las contrataciones.

Entre los consorcios involucrados en el carrusel, se identificaron “Nutriendo Escolares de La Guajira”, Asociación de Profesionales Luchando por La Guajira, Asoprolugua, y Fundación Juventud Libre.

El ente de control afirmó que en cumplimiento del PAE se entregaban raciones, que además de haber sido pagadas a un mayor precio de lo que en realidad valían, no cumplían ni las cantidades ni las calidades determinadas por el Ministerio de Educación.

En cuanto al programa de seguridad alimentaria a través de entregas de paquetes nutricionales se encontraron productos de origen venezolano que no cuentaban con registro Invima, ni con el respectivo registro sanitario ni certificado de importación.

La Fiscalía les imputará los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, seguido solicitará medida de aseguramiento en la audiencia que se llevará a cabo en las horas de la tarde de este sábado.
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