En audiencia pública realizada el día de hoy en la Comisión Primera del Senado, los ponentes del proyecto de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escucharon a miembros del Estado, a catedráticos, expertos en temas de paz y demás ciudadanos inscritos previamente interesados en defender o hacer observaciones a esta iniciativa.
El acto contó con la presencia y participación de altos funcionarios como el Procurador y Fiscal General de la Nación.
El jefe del Ministerio Público invitó a los senadores a que se ratifique el papel de la Procuraduría en el proceso de Paz porque ha sido garantía de transparencia, “no se puede desconocer el papel de la Procuraduría para el buen desenvolvimiento de la justicia especial de paz”, aseguró el Procurador Fernando Carrillo.
A su turno, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez expresó su preocupación al no tener claridad sobre cómo se garantizará el compromiso de no repetición por parte de los amnistiados y dijo que «los delitos vinculados al proceso de dejación de armas siguen siendo competencia de la JEP, nos evita contradicción entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción especial… lo único que pedimos es que se aplique el derecho constitucional al debido proceso, eso no es un pecado».
Así mismo, participaron la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura Martha Lucía Olano y el Presidente del Consejo de Estado. Olano aclaró que la jurisdicción especial para la paz no hará parte de la estructura de la rama judicial, por lo que no afectará su presupuesto.
Por su parte, Jorge Octavio Ramírez, presidente del Consejo de Estado, dijo que “la Jurisdicción Especial de Paz no puede sustituir la jurisdicción contencioso administrativa, partiendo de la premisa que la justicia transicional es el juzgamiento de las personas y no del Estado»
En la conferencia también se escucharon las intervenciones de personalidades como el catedrático Rodrigo Uprimny, quien pidió que en el texto se aclare la responsabilidad de los mandos civiles. A su turno, el Brigadier General Jaime Ruiz Barrera señaló que los textos planteados son lesivos para los miembros de la fuerza pública y Odorico Guerra, coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, pidió más explicación ya que no es claro cuál entidad sería la responsable de la implementación de la política pública de reparación a víctimas.
Las observaciones expuestas durante la jornada serán analizadas por los miembros de la Comisión Primera, quienes se comprometieron a revisar los textos antes de su aprobación final.
