–En un hecho sin precedentes, las fiscalías de once países de América Latina, incluido Colombia, formalizaron un frente común de cooperación jurídica contra la corrupción y en este contexto, develar la trama de corrupción montada por la constructora brasileña Odebrecht, para judicializar y castigar a los responsables.

En un encuentro realizado en Brasilia, los fiscales acordaron promover la constitución de equipos conjuntos de investigación, bilaterales o multilaterales, que permitan investigaciones coordinadas sobre el caso Odebrecht».

Según lo indicaron en forma conjunta armarán equipos multilaterales para investigar la trama de Odebrecht.

La reunión de los fiscales y procuradores se celebró a puerta cerrada en absoluto secreto, sin presencia de la prensa.

Solo se conoció un comunicado conjunto sobre sus resultados firmado por los representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela.

De acuerdo con el documento, los fiscales acordaron establecer «la más amplia, rápida y eficaz cooperación» en torno al caso Odebrecht, cuyas prácticas corruptas se desarrollaron precisamente en cada uno de los países representados en Brasilia.

La iniciativa también incluye a la Operación Lava Jato, que investiga un fraude transnacional que drenó ilegalmente más de 2.000 millones de dólares a la petrolera estatal brasileña Petrobras y permitió revelar la red de corrupción de la constructora.

A solicitud de Odebrecht, los fiscales aceptaron escuchar una exposición de los abogados de la constructora sobre los planes de cooperación que tienen con los ministerios públicos de la región para ayudar «a dilucidar todos los hechos ilícitos vinculados con su actuación».

Este es el texto completo del documento emitido en Brasilia:

En Bogotá la Fiscalia General de la Nación informó que durante la Reunión de procuradores y fiscales que se llevó a cabo en Brasilia (Brasil), el jefe del organismo, Néstor Humberto Martínez Neira, firmó la Declaración de Brasilia sobre la cooperación jurídica internacional contra la corrupción, en el marco de las investigaciones que se adelantan por el caso Odebrecht.

Añade que el documento plantea la importancia de robustecer la cooperación jurídica internacional con el propósito de combatir la corrupción, la tercera industria más grande del mundo.

Concluye que investigaciones coordinadas a través de la constitución de equipos bilaterales o multilaterales, el fortalecimiento de mecanismos de cooperación internacional vigentes, especialmente la realización de comunicaciones e informaciones espontáneas, la recuperación de activos, así como la reparación integral por los daños causados, son los elementos principales del acuerdo.

Según los documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre el 2009 y el 2014 la constructora Obredecht pagó más de 11 millones de dólares para conseguir contratos de obras públicas, logrando beneficios por más de 50 millones de dólares.

Además se señala en forma específica que entre 2009 y 2010 se pagaron 6,5 millones de dólares a un funcionario en Colombia.

Uno de los contratos en territorio colombiano es la Ruta del Sol sector 2 que fue adjudicado en diciembre del 2009 por el anterior INCO, bajo la administración de Gabriel García Morales, viceministro de transporte de Andrés Uriel Gallego.

En este caso sólo un proponente fue habilitado durante el proceso contractual. El contrato fue además adicionado por la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, en marzo de 2014, para incluir la ruta Ocaña-Gamarra.

En abril de 2012 también le fue adjudicado por Invías el contrato de construcción de la Carretera Puerto Boyacá-Chiquinquirá y en el 2014 el contrato para la navegabilidad del río Magdalena, por Cormagdalena.

Fundada en Brasil en 1994, Odebrecht tiene presencia en muchas partes del mundo con un portafolio de más de 64 proyectos valorados en más de $6.400 millones de dólares, entre construcción de aeropuertos, carreteras, transporte público, edificios, viviendas y proyectos industriales.

La compañía admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios desde 2001.

Por estos ilícitos aceptó pagar multas por 3.500 millones de dólares en en Estados unidos, Suiza y Brasil.