Para Lucía Bastidas, Concejal de Bogotá, a la ciudad le urge normalizar el servicio de recolección y disposición final de las basuras con unas reglas claras y unos contratos que le permitan a la ciudad exigir la limpieza de toda la ciudad, para superar las fallas que han venido afectando a la ciudad en los últimos años.
Según Bastidas: «No es gratuito que el 72 por ciento de las personas consultadas en la encuesta de Bogotá Cómo Vamos haya señalado que están insatisfechos con el tema de las basuras en Bogotá».
Y explicó que también en la Encuesta Nacional Ambiental realizada por la Universidad de los Andes, la firma Cifras y Conceptos y la Revista Catorce 6, el 66,4 por ciento de las personas declararon que se sienten afectados por la inadecuada disposición de desechos y basuras y el 64,8 por ciento por la elevada producción de desechos.
Esa percepción es la consecuencia de una realidad: la ciudad ha estado invadida de escombros y basuras que la gente abandona en cualquier esquina o que los recicladores abandonan después de escarbar en las canecas y bolsas que las personas dejan en la calle.
Para la concejal, esta situación es consecuencia de la improvisación que la ciudad ha tenido en el manejo de las basuras, especialmente en el gobierno de Gustavo Petro, que impuso un modelo sin estar preparados para ellos y generó una emergencia sanitaria el 18 de diciembre del 2012, de la cual todavía hoy estamos padeciendo los efectos.
Ese esquema empezó mal porque no se entendió que no estábamos preparados para ello y se puso al frente del aseo a una empresa que no tenía experiencia ni equipos ni personal preparado para asumir la tarea. Los organismos de control nos deben la cuantificación definitiva del descalabro que causó esta decisión.
Y el otro tema aquí es el de los recicladores, que fueron la disculpa para imponer un modelo de aseo ilegal y que violaba la ley en el tema de la libre competencia. Es importante que la Contraloría le informe a la ciudad en qué terminaron las denuncias de pagos dobles a quienes no eran recicladores de oficio. Hubo hasta un excandidato a edil dueño de una empresa recicladora y cotizante de una EPS que se benefició mientras los verdaderos recicladores no recibían el apoyo que ha ordenado la Corte Constitucional.
«Queremos sabe en qué terminaron las denuncias de las personas que recibieron varios pagos como si fueran recicladores. Los pagos a recicladores pasaron de 8.000 millones de pesos en el 2012 a 39.100 millones en el 2014, un incremento del 488 por ciento. Queremos que nos explican a quién llegó esta plata», dijo Bastidas.
Y agregó que: «también que nos cuenten quien respondió finalmente por el descalabro de los camiones que se compraron de segunda. Son demasiados detrimentos de los que no conocemos las cifras definitivas y la ciudad requiere explicaciones».
