Por Mauricio Botero Caicedo
En torno a la marcha del próximo sábado 1 de abril ocurre un fenómeno interesante: la inmensa mayoría de los medios guardan un sepulcral silencio – no se sabe si por ignorancia o por que querer poner en peligro la ‘mermelada’ que reciben – y por otro lado las redes sociales están que arden con invitaciones, convocatorias y exhortos para marchar o para no marchar.

El aspecto más negativo de todas estas convocatorias es aquel que han practicado algunos columnistas (y no pocos medios) de aconsejar quedarse en casa, no tanto utilizando razones ideológicas, sino con advertencias que salir a la calle ese día puede conllevar peligros. Esta amenazas, fuera de ser una solemne bellaquería, es negarle a los ciudadanos su sagrado derecho de protestar y de expresar sus opiniones públicamente.

La opinión de este columnista es que la marcha no es para respaldar ni al uribismo, representado por el centro democrático, ni a Álvaro Uribe Vélez como caudillo y Jefe de la Oposición. La marcha es principalmente para mostrar la enorme insatisfacción que tiene los ciudadanos con un gobierno en el cuál el 74 por ciento de ellos manifiestan desaprobar la gestión; y el rechazo casi unánime de los privilegios, canonjías y dádivas entregadas a las Farc en el Acuerdo de Paz.

Si bien un porcentaje muy alto de los colombianos – incluyendo quien escribe esta nota – está de acuerdo con la paz, por lo menos la mayoría no comulgan ni con firmado en el Acuerdo de Paz en La Habana y Cartagena, ni con la forma en que dicho Acuerdo se va a implementar. El Acuerdo de Paz conlleva serios riesgos para la institucionalidad del país. El enorme error del gobierno es que para supuestamente blindar dicho Acuerdo, en la práctica se ha pasado por la galleta tanto la voluntad popular como la Constitución. Como con claridad afirma el ex – alcalde Jaime Castro, un gobierno democrático lo que en realidad ha debido es blindar es la Constitución.

Haciendo abstracción de la impunidad casi total que conlleva dicho Acuerdo de Paz, lo que es inaceptable es que el gobierno pretenda utilizar un mecanismo muy excepcional como es el ‘fast track’ para adelantar una serie de reformas bastante controvertidas y de dudosa legalidad. Este manifiesto abuso de un camino muy excepcional no nos separa mucho de la dictadura venezolana cuando hace uso y mal uso de las mal llamadas ‘leyes habilitantes’.

Creo que la marcha del 1 de abril es un camino legítimo para que esa inmensa mayoría de los colombianos expresen su enorme falta de satisfacción con una corrupción totalmente desbordada, y con unos acuerdos negociados a sus espaldas. Adicionalmente los colombianos están seriamente preocupados con una serie de políticas económicas que están llevado al país a una grave y preocupante situación económica y que han contribuido a que la confianza inversionista está a un nivel absurdamente bajo. ¿No son estás suficientes razones para salir a la calle el 1 de abril?