En Colombia 147 periodistas tienen alguna medida de seguridad de la Unidad Nacional de Protección en un país en que hay un limitado acceso a la información, según un informe de Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En el informe preliminar hecho público en la ciudad guatemalteca de La Antigua, en el marco de una reunión de la SIP, en el que se detalla que de los 147 periodistas, 103 tienen escoltas y 82 se trasladan en vehículos de seguridad.

En 2016 un número de 47 periodistas denunciaron haber sido víctimas de agresiones físicas y 44 dijeron haber sufrido obstrucciones en su trabajo, y un dato que se destaca es que de las 12 agresiones que se denunciaron en el departamento de Casanare, 11 ocurrieron luego de que los periodistas denunciaran hechos de corrupción por parte de la administración de Yopal.

En el escrito, que aún debe ser aprobado, se denuncia que aún persisten decisiones judiciales que impactan en el ejercicio de la libertad de expresión, como cuando un juez pidió al periódico La Patria retirar de su página web una noticia sobre una comunidad indígena que estaba exponiendo a sus niños a la venta y consumo de sustancias alucinógenas.

Frente al incremento de solicitudes judiciales en las que se pide eliminar o corregir información con base en un supuesto “derecho al olvido”, directivos de medios de comunicación han expresado su preocupación por la injerencia que tienen las peticiones y las decisiones de jueces en el ejercicio periodístico.

Además de agresiones físicas y verbales, el documento destaca que hay un “acceso limitado a la información”, pues haciendo referencia a un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) se estima que en Colombia cerca de 600.000 personas viven en 52 municipios donde no hay un solo medio de comunicación local.

Otros 2,4 millones de personas viven en 146 municipios donde hay medios, pero estos no cubren todo el municipio o no producen información periodística local. Otros 60 municipios tienen un único medio de comunicación.

En el escrito también se recuerda que está pendiente la reglamentación del uso de las emisoras y los espacios televisivos que fueron convenidos en el acuerdo de paz con las Farc y cuyo contenido será coordinado por un comité de comunicaciones, integrado por el Gobierno y la guerrilla desmovilizada. Con EFE