“Nos preocupa que en el Departamento del Chocó se esté fraguando una masacre anunciada tal como pasó en Bojayá”, denunció el senador Luis Evelis Andrade, del Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS. Las declaraciones las entregó el legislador con motivo la conmemoración de los 15 años de la masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2002.

La dura advertencia del senador indígena tiene como fundamento el recrudecimiento del desplazamiento forzado en varios municipios del Chocó, como consecuencia del enfrentamiento entre el Plan Usuga (Bacrim) y la guerrilla del ELN, grupos al margen de la ley que se disputan los territorios ocupados anteriormente por las FARC.

“Hoy estamos viviendo una situación crítica de masacres en el bajo San Juan, secuestros, asesinatos, desplazamiento forzado, víctimas por minas antipersonales, amenazas a los dirigentes, confinamiento, sin que se vea con claridad la protección de la comunidad, hay una emergencia humanitaria que el gobierno debe asumir”, contextualizó el senador Andrade.

Para el congresista del MAIS, Bojayá tendría que ser el ejemplo de construcción de paz, no solamente con la reubicación de sus habitantes, como ya sucedió, sino con políticas integrales para el desarrollo que incluyan el empleo, salud, educación y nutrición. En ese sentido, para la senadora Sofía Gaviria, el gobierno no ha cumplido con la estabilidad económica del municipio de Bojayá, como lo exige la Ley de Víctimas 1448 de 2011. El Sistema Nacional de Víctimas, reconoce a 10.202 habitantes de Bojayá, afectados por la violencia.

“Llevan dos años en la etapa de planeación para la reparación del casco urbano y no para las comunidades afros e indígenas (…) ,estamos en pañales, a pesar de que estamos a 15 años de la tragedia y que se han instrumentalizado a las víctimas”, aportó la senadora Gaviria.

Desde una perspectiva más amplia, ambos senadores respaldaron cifras, según las cuales, en el Departamento del Chocó, han muerto por desnutrición 53 niños, en los últimos años. Al mismo tiempo, 22 de los 33 municipios de esa región, están declarados en emergencia por la confrontación armada entre las bandas criminales (bacrim) y la guerrilla del ELN.

Los legisladores denuncian que hay 530 personas desplazadas en el municipio de Riosucio, padeciendo hacinamiento, hambre y enfermedades. “Es un grito por Chocó, que tenemos que hacer todos los colombianos”, concluyó Sofía Gaviria.