Tras haber cosechado en febrero y marzo duras derrotas judiciales por su decreto migratorio, cuyas dos versiones fueron bloqueadas por los tribunales, Donald Trump apuesta desde este lunes a lograr su revancha en el juicio de apelación.

La presunta intención es esencial. Como la Constitución de Estados Unidos prohíbe la discriminación religiosa, para quienes se oponen al decreto, la animosidad de Trump de cara al Islam no ofrece ningún género de duda.

A la inversa, si se prueba que el decreto responde simplemente a un problema de seguridad nacional vinculado con la inmigración de individuos potencialmente peligrosos, no hay razón para no aprobarlo: los textos otorgan al presidente la potestad de acción en la materia.

Según el complejo sistema jurisdiccional estadounidense, es en Richmond, capital de Virginia donde se analiza este caso que opone al gobierno y a asociaciones civiles, para las cuales el decreto trata de manera discriminatoria a los musulmanes.

El desafío de Jeffrey Wall, un abogado del departamento de Justicia que representa a la administración, será persuadir a los jueces de que las restricciones al ingreso al país son parte de las potestades presidenciales.

La juez Barbara Milano Keenan desafió a Wall a establecer una relación entre la nacionalidad de decenas de millones de personas afectadas y su presunta peligrosidad.

Wall y su equipo también deberán demostrar que la norma es “vital” para la seguridad nacional, una afirmación que se debilita con el paso del tiempo sin que exista ninguna evidencia de amenaza yihadista en el país.

Debido a la importancia y sensibilidad del caso, el cuarto circuito de la corte federal de Apelaciones sesiona en formación plenaria, con el conjunto de sus jueces activos, algo nunca visto en un cuarto de siglo.

Los altos magistrados suman 15, pero dos se han recusado por iniciativa propia por potenciales conflictos de intereses, incluido el juez conservador J. Harvie Wilkinson, suegro de Wall.

La segunda versión del decreto cerraba temporalmente las puertas del país a los refugiados del mundo entero y a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, en vez de los siete de la versión precedente.

Esta medida es la más controvertida de la administración Trump, que afirma, sin prueba alguna, que la inmigración agrava la criminalidad en Estados Unidos. Con AFP