–A raiz del paro civico anunciado para este miércoles, la Defensoría del Pueblo convocó una nueva reunión de alto nivel en el Chocó para abocar una vez más la crisis humanitaria que se registra en el departamento.

El encuentro se producirá el primero de junio en Decordó, cabecera municipal de Litoral de San Juan y fueron citados el vicepresidente de la república, los ministros del Interior y de Defensa, el Fiscal General, el Procurador General, el comandante de las Fuerzas Militares y el director de la Policía Nacional «para que respondan a las necesidadea sociales de los chocoanos».

El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, advierte en la convocatoria a la cumbre que en el Chocó «persisten las condiciones de vulnerabilidad social y económica de la población que se ha materializado permanente con secuestros, homicidios, desplazamientos, confinamientos y amenazas, entre otras vulneraciones a los derechos humanos».

«Esperamos y confiamos que asistan a este nuevo llamado todos los ministerios y organismos de seguridad del Estado para que respondan a las necesidades de los chocoanos. La intervención es urgente ante los hechos que a diario vulneran los derechos humanos en esta zona del país», puntualiza.

«Insistimos en la necesidad de que todo el gobierno nos acompañe», expresó Negret Mosquera, quien recordó que durante la primera reunión convocada por la Defensoría en Bogotá el pasado 27 de abril, «los alcaldes de varios municipios del Chocó denunciaron la grave situación humanitaria que viven sus pobladores y de las amenazas de las cuales han sido objeto por parte de diferentes grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona».

A finales de la semana pasada, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado para que las autoridades atiendan la situación humanitaria de las comunidades indígenas y afrocolombianas que, desde el 2 de mayo, se han movilizado a la cabecera municipal de Riosucio (Chocó), para exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento de los acuerdos suscritos con las Farc que garantizan la no repetición de los hechos victimizantes, el desminado de las cuencas, la entrega de los territorios libres de actores armados y minas antipersonal, la implementación de proyectos productivos para los procesos de retorno y el reconocimiento de estas comunidades como sujetos de reparación colectiva.

Resaaltó que los integrantes de los pueblos Embera Dovidá, Katío, Chamí, y Wounáan y las comunidades negras de las cuencas de los rios Salaquí, Domingodó, Truandó y Jiguamiandó, ubicados en la subregión del Bajo Atrato (Riosucio y Carmen del Darién) han sido víctimas de graves vulneraciones a los Derechos Humanos desde el año 2015 con la incursión de las Autodefensas Gaitanistas y el ELN, y la configuración de un escenario de confrontación y disputa territorial que ha generado desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas a líderes, reclutamientos forzados y la instalación de minas antipersona. Así como restricciones a la libre movilidad que impide el acceso a las zonas de cultivo, cacería y pesca que afecta gravemente la seguridad alimentaria de las comunidades.

Es necesario advertir que en territorios de la margen oriental del río Atrato como La Larga Tumaradó, Pedeguita Mancilla, Curvaradó y Jiguamiandó, donde se adelantan procesos de restitución de tierras y de retornos de población desplazada, se continúa presentando ataques, destrucción de cultivos y caminos comunitarios y amenazas.

La Defensoría del Pueblo ha enviado numerosos informes y cerca de 27 oficios en donde advierte que el municipio de Riosucio se mantiene el riesgo de desplazamiento forzado y otras posibles afectaciones a la población. Entre enero y marzo del presente año se han reportado 1.206 personas desplazadas y 815 familias en situación de confinamiento.

Así mismo, la Entidad ha realizado múltiples misiones de verificación de la situación humanitaria y el acompañamiento a las comunidades por parte de la Defensoría Delegada para los Derechos de la Población Desplazada, la Defensoría Regional de Urabá y el Sistema de Alertas Tempranas. Asimismo, se han adelantado gestiones defensoriales requiriendo a los Gobiernos Municipal, Departamental y Nacional la pronta atención a la población desplazada y confinada y la protección de las personas y autoridades étnico-territoriales que han recibido múltiples amenazas.

«Hoy –concluyó –atendiendo a la delicada situación que ha llevado a las comunidades a movilizarse en la cabecera municipal de Riosucio, reitera la necesidad de concertar y adelantar acciones urgentes para la protección de la vida, libertad e integridad de las comunidades y líderes, la atención humanitaria integral con enfoque diferencial a la población desplazada y confinada a través de la oportuna entrega de alimentos, garantías de seguridad para la permanencia en el territorio, la urgencia del desminado humanitario, la sostenibilidad de los retornos, así mismo insta al Gobierno Nacional a atender las peticiones de las comunidades y respetar sus derechos fundamentales a la autonomía y autodeterminación.