–Con medida de aseguramiento no privativa de la libertad fue cobijada una juez de garantías de Quibdó docente de la Universidad Tecnológica del Chocó, por la presunta falsificación de títulos profesionales.Sin embargo, mientras continúa la investigación se le prohibió no solo dictar clases, sino acercarse a este centro de educación superior.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Primero Penal Municipal de control de garantías de Pereira (Risaralda) contra la Juez Segunda Penal Municipal de Garantías de la capital chocoana, Elizabeth Quejada Mayo, acusada por nueve delitos de falsedad, fraude procesal y ocultamiento, alteración o desviación de elemento material probatorio.

Ademas de impedirle acercarse a la Universidad Tecnológica de Chocó, el juez del caso le prohibió contactarse con los testigos y demás implicados en el proceso.

Según la investigación, la jueza en su calidad de docente del claustro universitario habría firmado cinco actas de sustentación de trabajos de grado inexistentes.

Quejada Mayo explicó que tres de ellos los firmó porque la decana le pidió el favor y que las otras dos las firmó en su lugar de residencia.

En la misma decisión el juzgado impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad a 6 estudiantes por cargos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y cohecho por dar u ofrecer y la prohibición de ejercer como abogados.

Los seis estudiantes afectados con la decisión son: José Aristides Herrera Mena, Caleth Leudo Palacio, Maira Yulenny Martínez, Gira Tatiana Moreno, Brilli Janeth Morteno y Rinzon Vivas.

Por los mismos cargos el juzgado ordenó la libertad de 4 estudiantes que no se han graduado, Jorge Jair Córdoba y Jhon Mario Diíaz Cañadas, David Humberto Moreno y Yesseli Montenegro.

En el caso del profesor del alma mater, Yarbin Seider Conto, actual defensor público, el juzgado no impuso medida de aseguramiento por los cargos de falsedad en documento público y fraude procesal, aunque seguirá vinculado en la investigación.

Dentro de la investigación adelantada por la Dirección de Fiscalía Seccional de Chocó por la falsificación de más de un centenar de títulos profesionales de abogados en hechos ocurridos entre 2014 y 2015, han sido imputadas 21 personas, entre ellas la entonces decana Irina Belén Londoño Asprilla, quien aceptó los cargos.