Este martes el senado brasileño aprobó una legislación laboral que genera fuerte resistencia social pero que podría dar un respiro político al presidente Michel Temer, acorralado por denuncias de corrupción.

La ley, impulsada dentro del programa de ajustes para recuperar la confianza de los mercados y sacar al país de la recesión, fue aprobada por 50 votos a favor, 26 en contra y 1 abstención.

La nueva normativa da preeminencia a los acuerdos negociados por sector o empresas sobre la legislación vigente; prevé igualmente la posibilidad de dividir las vacaciones hasta en tres periodos y autoriza la “jornada intermitente”, con el pago de salarios sobre una base horaria o por jornada, y no mensual.

La ley, respaldada por los mercados, genera un fuerte rechazo: un 58% de los brasileños se opone a ella, según una reciente encuesta de Datafolha. Los sindicatos realizaron una huelga general el 29 de abril y organizaron jornadas de protesta para denunciar el “retroceso” social de los planes de ajuste del gobierno.

Temer y su ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, sostienen en cambio que esas medidas apuntan a “generar empleos”, en un país confrontado a la peor recesión de su historia, con 13,8 millones de desocupados (13,3% de la población activa).

La nueva Legislación del Trabajo forma parte de un arsenal de reformas macroeconómicas, junto a la congelación del gasto publico durante veinte años (promulgada el año pasado) y a la reforma del régimen de jubilaciones, en tramitación en la Cámara de Diputados pero trabada por la crisis política.