La denuncia la hizo este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, acerca de los episodios recientes de violencia y hostigamiento contra periodistas en Colombia, y solicitó al Estado medidas de protección y justicia.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH citó varios casos de agresiones contra periodistas ocurridos en el país suramericano.

Uno de ellos es el del subsecretario del Senado, Saúl Cruz, investigado por fingir una agresión física de un equipo del noticiero Noticias Uno.

También el caso de los periodistas holandeses Derk Johannes Bolt y Eugenio Ernest Marie, secuestrados el 19 de junio por la guerrilla del ELN y liberados el 24 del mismo mes.

No se quedó atrás la CIDH al referirse a la acusación que hizo el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, a través de su cuenta en Twitter, al periodista de la Revista Semana Daniel Samper Ospina de ser “violador de niños”.

La Comisión señaló que: “Las acusaciones contra Samper fueron rechazadas a través de diversos comunicados de prensa por la Federación de Periodistas de Colombia (Fecolper), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y mediante una carta pública firmada por reconocidas personalidades, juristas y periodistas del país”.

La periodista Claudia Gurisatti, directora de Noticias RCN y de NTN24, denunció haber sido víctima de una campaña de hostigamiento a través de redes sociales, que podría poner en riesgo su integridad personal.

La situación de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Colombia fue objeto de una audiencia pública en el marco del 163 periodo de sesiones de la CIDH celebrado en Lima a principios de mes.

La sociedad civil afirmó que, si bien durante 2016 no se registraron asesinatos contra periodistas en el país, persisten “otras formas de agresiones, como secuestros, presiones indebidas, hostigamiento, y declaraciones estigmatizantes”.

El Estado ratificó en la sesión su compromiso con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Colombia e informó sobre las medidas adoptadas para fortalecer los mecanismos de protección e investigación existentes.