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Contraloría reporta hallazgos fiscales por más de $2.600 millones en el Congreso de la República

–En medio de los escándalos de corrupción en la administración de justicia y otros sectores estatales, la Contraloría General de la República reportó este jueves hallazgos con incidencia fiscal por más de 2 mil 600 millones de pesos en el Congreso nacional, en desarrollo de auditorias realizadas al Senado y la Cámara de Representantes.

El organismo de control estableció que en la Dirección Administrativa del Senado los hallazgos totalizaron 1.765 millones de pesos, relacionados con el pago y liquidación de aportes pensionales y parafiscales, así como con debilidades en la supervisión e interventoría de algunos contratos (modernización de baterías sanitarias y adecuación de oficinas con suministro de mobiliario).

Mientras tanto, en la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, se hicieron dos hallazgos con incidencia fiscal por valor global de 921 millones de pesos. Estos tienen que ver con la ejecución de los contratos de intermediación para la venta de vehículos a través de subasta pública, específicamente en la determinación del precio mínimo de venta.

En el caso del Senado de la República, la auditoria estableció los siguientes hechos:

Durante los meses de marzo a septiembre de 1999 la Dirección General Administrativa del Senado no realizó el pago y liquidación de la totalidad de los aportes pensionales al Fondo de Previsión del Congreso, motivo por el cual en la vigencia 2016 realizó abonos por dicho concepto, cancelando no solo los aportes que le correspondían como empleador, sino también los aportes a cargo de los empleados ($276.593.257,93) e intereses de mora ($ 716.310.032,00).

Esta situación consolida un daño al patrimonio en cuantía de $992.903.290,93, por los valores que corresponden al empleado, que no fueron descontados, y por los intereses de mora que se ocasionaron.

Pago de intereses de mora a la Caja de Compensación Familiar por debilidades en la liquidación de aportes parafiscales, al no contemplar dentro de la base de liquidación los conceptos de prima de servicios e indemnización de vacaciones, generando un detrimento al patrimonio público por $650.145.465,00.

Debilidades en la supervisión e interventoría del contrato de obra celebrado para la modernización de las baterías sanitarias del Senado, lo que conllevó a un detrimento al patrimonio público por $85.201.204,32 (incluido el costo directo e indirecto), derivado de mayor obra ejecutada sin evidencia o justificación técnica, cantidades pagadas y no ejecutadas, cambio de especificaciones técnicas pactadas y doble pago por concepto de retiro de escombros.

Debilidades en la supervisión e interventoría del contrato celebrado para la adecuación de oficinas con suministro de mobiliario para el Senado, lo que conllevó a un detrimento al patrimonio público por $36.931.648,82 (incluido el costo directo e indirecto), derivado de las diferencias en las cantidades de obra verificadas en visita de la CGR frente a las registradas en el acta de recibo final y faltante de algunos muebles en el inventario y en las instalaciones del Senado, los cuales hacían parte del contrato.

Mientras tanto, en la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, los hallazgos por más de 921 millones de pesos, están relacionados con la ejecución de los contratos de intermediación para la venta de vehículos a través de subasta pública, específicamente en la determinación del precio mínimo de venta.

Esto obedece a deficiencias en los criterios técnicos utilizados en la determinación de los avalúos y a debilidades en la labor de supervisión de dichos contratos firmados en los años 2015 e inicios del 2016.

Dentro de las irregularidades que generaron el detrimento patrimonial, se evidenció lo siguiente:

-Se descontó al valor comercial de los vehículos establecido en las tablas del Ministerio de Transporte, sumas de: “Mantenimiento General”, “Vicios Ocultos”, y “Otros Descuentos (Logística de retiro y tiempos de entrega)”; descuentos que corresponden a conceptos duplicados y por tanto no debían incluirse, dado que estaban a cargo del intermediario y hacían parte de la comisión a pagar por el servicio de intermediación, o no figuraban entre los deducibles permitidos por el marco normativo para este tipo de procesos contractuales.

-Se estableció que en la determinación del precio base de venta y/o avalúo de vehículos blindados se descontó, entre otros aspectos, el mantenimiento del blindaje general del vehículo, descuento que no aplicaba, dado que los automotores a subastar tenían resolución de desblindaje y, por tanto, una vez subastados debía desmontarse el blindaje, lo que significa que la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes no tenía que invertir recursos en dicho mantenimiento. Así, en el evento que los compradores quisieran conservar el blindaje, debían solicitar la autorización.