–Hallazgos fiscales por más de mil millones de pesos reportó la Contraloría General de la República en una auditoria realizada a la Policía Metropolitana de Bogotá advirtiendo que las irregularidades, que atribuyó a «falta de operatividad» de la institución policial, afectan directamente la seguridad de la ciudadanía capitalina.

En un caso evidente de corrupción, el organismo de control estableció que tan solo en el contrato de suministro de gasolina, se encontraron pérdidas superiores a los 800 millones de pesos, por aprovisionamiento de combustible a vehículos que no pertenecen a la institución.

Según el reporte de la Contraloría General de la República, más de la mitad de las cámaras de vigilancia en Bogotá se encuentran fuera de servicio.

«Se trata de la falta de operatividad, por deficiente mantenimiento, de más del 50% de las cámaras de video que integran el Sistema de Video Vigilancia en la ciudad de Bogotá, que hace parte del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad – SIES», precisa.

Adicionalmente, establece otras irregularidades detectadas en la auditoria realizada, como estaciones de Policía sin construir y demoras en la construcción de otras, así como dobles pagos por actividades realizadas.

Sin embargo, el llamado de atención más fuerte lo hizo la Contraloría en torno al contrato para el suministro de combustible, pues advirtió que se vienen llenando los tanques de gasolina de vehículos no pertenecientes a la institución policial.

«La deficiente supervisión de dicho contrato, admitió facturas sin soportes, y otros que evidenciarían el suministro de combustibles no contratados, o servicios prestados a otras entidades o empresas que no hacen parte del convenio», subraya.

Agrega que «tan solo en el contrato de suministro de gasolina, se habrían detectado pérdidas superiores a los $800 millones de pesos, y el daño fiscal podría ser mayor, en la medida que el contrato se encontraba en ejecución durante el proceso auditor, y el monto evaluado correspondió a las reservas presupuestales del año 2016 involucradas en la financiación del contrato».

Frente a las obras contratadas con recursos públicos, señala que se identificó que la Policía Nacional con el aval de las interventorías, recibió a satisfacción y pagó actividades que no habían sido ejecutadas por los contratistas.

«Uno de los casos detectados fue un Convenio de Asociación de 2009, donde con recursos de la Policía se realizaron una serie de pagos que no estaban debidamente justificados, situación que generó un presunto hallazgo fiscal por valor de $247,65 millones», precisa.

Añade que otras de las debilidades encontradas en materia de infraestructura, consistieron en débiles controles al seguimiento y control de los costos contenidos en el AIU de los contratos de obra y en los recursos entregados a las fiducias en condición de anticipos, al igual que debilidades en el control y seguimiento de las licencias de construcción, puesto que en algunos casos se realizaron demoliciones y reforzamientos no incluidos en las licencias tramitadas, o el caso de obras ejecutadas sin contar con una licencia de construcción.

En ambos eventos, se encuentran comprometidos recursos y responsabilidades de la Administración Distrital, a cuyos entes de control se corrió traslado de las observaciones, para los fines correspondientes, concluye la Contraloría.