La Procuraduría Regional de Boyacá sancionó con suspensión de tres meses a Bernardo Andrés Pulido García en su calidad de alcalde municipal de Nuevo Colón (Boyacá) para el periodo 2012-2015.

El ente de control evidenció que el disciplinado declaró mediante decreto la urgencia manifiesta, figura bajo la cual celebró el contrato No. 008 de 2012 por valor de $14.28.640 para realizar el mantenimiento del coliseo, sin que mediara acto administrativo que justificara el objeto del mismo.

A través del material probatorio se demostró que el contrato no estuvo encaminado a conjurar una situación de calamidad o fuerza mayor que involucrara el coliseo, y que dada su imprevisibilidad e irresistibilidad ameritara la actuación urgente de la administración municipal con el fin de mitigar o prevenir una afectación a un servicio público o una situación grave para la comunidad.

La falta se calificó de manera definitiva como grave a título de culpa grave y, teniendo en cuenta que el disciplinado ya no desempeña función pública se convirtió en salarios, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 46 de la Ley 734 de 2002.

Dentro de las normas vulneradas se citó el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 que señala que “existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige (…) la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro, cuando se presenten situaciones relacionadas con los Estados de Excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos (…)”.

Contra esta decisión proferida en segunda instancia no procede recurso alguno por vía gubernativa.