La Corte Constitucional revisó 133 acciones de tutela contra la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas y encontró fallas administrativas y estructurales con las que se revictimizaría a los afectados por el conflicto por no dar respuestas a las solicitudes.

Lo dictaminado por la Corte señala que la entidad no está respondiendo ni las peticiones formuladas por las personas que ante ella pretenden hacer valer sus derechos, como tampoco a las acciones judiciales iniciadas contra la entidad.

También se halló que en múltiples ocasiones la UARIV invoca requisitos que no están en la ley para responder las solicitudes de ayuda humanitaria, con lo que niega la ayuda humanitaria o para no dar una respuesta de fondo sobre lo requerido por las personas.

La mayoría de estas acciones de tutela se presentaron por la falta de ayuda humanitaria y porque la entidad contestó de manera negativa argumentando que no había derecho a las ayudas porque el desplazamiento forzado había ocurrido hace más de 10 años.

Estas respuestas son, según la corte, una clara violación a los derechos fundamentales, a la igualdad, el mínimo vital, la seguridad social, la salud, entre otros.

Se plantea también el desconocimiento por parte del Estado del deber de protección especial a los niños, a las personas de la tercera edad y a las personas en situación de desplazamiento no voluntario.