El Plan Decenal de Justicia (PDJ) 2017 – 2027 busca propiciar las condiciones necesarias para que los ciudadanos conozcan y comprendan el sentido del ordenamiento jurídico vigente, de tal modo que puedan actuar y orientarse bajo el mismo.
Desde hace aproximadamente dos décadas Colombia ha venido avanzando en el desarrollo de capacidades en materia de seguridad jurídica, producción, divulgación y simplificación normativa, lo cual se ve reflejado en herramientas como el Sistema Único de Información normativa (SUIN-JURISCOL), que opera como método de consulta público y gratuito de las normas; sin embargo, es necesario avanzar en una política pública integral y transversal de Estado.
Para lograr los objetivos mencionados, el componente ‘Seguridad Jurídica’ del PDJ diseñará e implementará mecanismos de capacitación permanente a los funcionarios de entidades del orden nacional y territorial en temas como la calidad formal de la producción normativa, el uso del lenguaje claro, evaluación y seguimiento, participación ciudadana, entre otros.
Además, se promulgarán estrategias de difusión del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, con el fin de facilitar la eficacia y confiabilidad en los territorios y alcanzar un ambiente para el desarrollo de las relaciones económicas, jurídicas y sociales.
Cabe resaltar que la coordinación y articulación entre los niveles del Gobierno (nacional, departamental y municipal) será vital, entendiendo que son los encargados de impulsar la adopción de políticas normativas y regulatorias.
Por último, se propone propiciar la apertura de espacios de socialización sobre la gestión desplegada por las diferentes instituciones, de tal forma que se garantice el intercambio de información sobre buenas prácticas y estándares internacionales acerca de seguridad jurídica.
El Plan Decenal de Justicia no es simplemente la formulación de un conjunto de lineamientos aplicables, sino un esfuerzo por establecer de manera participativa una verdadera política de Estado en materia de justicia, que refleje unos acuerdos básicos, una visión compartida y una definición de asuntos prioritarios para todos los actores del sistema, acompañados de instrumentos de ejecución plenamente definidos, previsión de resultados y herramientas que permitan su sostenibilidad.
Esta hoja de ruta prioriza estrategias para garantizar el acceso a la justicia, la pacífica resolución de conflictos, la prevalencia del principio de legalidad y el goce efectivo de los derechos de la ciudadanía.
El PDJ es producto del trabajo mancomunado del Ministerio de Justicia y del Derecho, el Consejo Superior de la Judicatura, el Departamento Nacional de Planeación, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Contraloría General de la Republica, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
