–El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, advirtió en las últimas horas que la grave situación social y de orden público que se presenta en Tumaco, que se hizo más evidente con la masacre de cocaleros registrada el pasado 5 de octubre, se puede replicar en otro 42 municipios del territorio colombiano, entre ellos los ubicados en el Catatumbo en Norte de Santander; El Bagre, Antioquia; y Alto Mira y Frontera, en Nariño.

Según el delegado internacional, los mismos factores que existen en Tumaco, están en esos otros 42 municipios: pobreza, economías ilegales, como la coca, grupos como el clan del golfo, el Eln, pequeñas bandas criminales, disidencias de las Farc y una mezcla entre acuerdos de sustitución y erradicación forzada.

Resumiendo la situación vivida en Tumaco, Howland dijo que «el gobierno tenía que hacer un proceso de sustitución rápido, pero estamos a más de diez meses de vacío de poder, la gente sigue con la hoja y, para complicar, han llegado los erradicadores. Hay tensiones muy altas e intereses impulsando en varias direcciones».

En un amplio reportaje que concedió al portal VerdadAbierta.com, el representante del alto comisionado de la ONU atribuyó este panorama a que el «Estado colombiano no tiene niveles de coordinación».

Al efecto indicó que en el tema de la sustitución se tienen metas enormes para firmar acuerdos, pero no para hacer transformaciones.

Y agregó: El gobierno no está pensando en el goce efectivo de derechos y en la no repetición como una manera de medir el éxito de los programas, sino que está creando medidas de éxito en razón de cuántos procedimientos realiza para crear acuerdos, lo cual es errado. El otro tema es que la erradicación tiene bastante fondos y la sustitución no, y así es difícil tener un proceso coherente».

En igual sentido Howland advirtió que la «frustración es explosiva» con relación a la implementación del acuerdo de paz firmado por el gobierno con las Farc.

«Tenía la esperanza de que el proceso de paz iba a priorizar los derechos de las personas desfavorecidas, afectadas por el conflicto. Antes estaba la idea de que las víctimas eran el centro del proceso, pero todos perdieron el norte relacionado con esa idea, lo cual es muy frustrante», dijo y complementó:

«La frustración que hay es explosiva, es enorme, en todas partes, y no ayuda a crear una situación estable. La gente tenía una expectativa de que algo iba a cambiar, y ahora lo que está calculando es si está mejor o peor en términos de ganancias, de seguridad. Eso se complica con el hecho de que hay mucha gente de las Farc que no entró al proceso, o que entró y ya está regresando a sus comunidades sin programa (de reintegración). Esta gente también va a hacer parte de esa frustración y puede agravar la situación, dado que sus metodologías de presión pueden ser muy distintas a las de los líderes tradicionales, generando problemas de control y radicalización entre los movimientos sociales. La situación, en general, es muy complicada».

Frente al tema de los cultivos ilícitos y el narcotrafico, planteó:

«Aparte de tener metas que no son realistas, el gobierno tiene la necesidad de pensar en mercados. Mientras a la gente llegan a la casa a comprarle la coca, no hay vías para transportar los productos lícitos y el acceso a los mercados es pobre. Esto es algo que tiene que resolverse antes de la sustitución, porque si no se va a perder mucha plata y el proceso no va a ser sostenible. Aunque la sustitución no tiene dinero, entidades estatales como el Inpec, la Fuerza Pública y las escuelas, que adquieren mucha comida, podrían comprársela a personas que hacen parte del programa de sustitución o a víctimas del conflicto armado. El problema es que habría que priorizar esas compras frente a los contratos actuales, por lo que alguien tendría que perder. Parece que hay una dificultad de parte del Estado, por razones políticas, intereses institucionales e intereses individuales, en el sentido de que nadie quiere hacer ningún sacrificio por los derechos de las personas de las áreas rurales».

Verdad Abierta le preguntó sobre la empresa privada, si también podría comprar esos insumos.

«La polémica política que hay en el país ayuda a que nada cambie, porque todo el mundo tiene miedo. Las empresas podrían ir directamente a hacer acuerdos con las acciones comunales del Catatumbo (Norte de Santander), El Bagre (Antioquia), Alto Mira y Frontera (Nariño), pero parece que estuvieran esperando algo del gobierno. Los consumidores, de otro lado, están en modo de ‘no me importa’. Si el 50 por ciento de la gente en Colombia está de acuerdo con que la gente de estas áreas rurales tenga una mejor vida (en razón de los resultados del plebiscito), debería comprar la comida que ellos producen. Pero, de nuevo, la gente a favor del proceso de paz tampoco está organizada. Parece que todo el mundo está esperando, y así no se va a cambiar nada.

¿La parálisis que señala podría obedecer a una falta de liderazgo en el sector?, le inquirió el periodista y respondió:

«Este problema entre (el presidente) Juan Manuel Santos y (el senador) Álvaro Uribe, entre el ‘sí’ y el ‘no’, hace que la gente no se sienta parte de una sociedad que puede cambiar. Este es, además, un Estado muy neoliberal, pero los empresarios creen que el gobierno es el que debe resolver todos los problemas. Desde el punto de vista del desarrollo, si la gente tiene más dinero va a comprar más productos; entonces, ¿cuál es el interés de que la gente siga en la pobreza? Esta es una contradicción entre una economía feudal que tiene la idea de explotar para ganar dinero, que está desactualizada 200 años, y una economía que entiende que hay diferencias en el margen, pero que todo el mundo debe tener más dinero para comprar más».