Judicial

Medidas económicas y restricciones contra diputados y exdiputados de Quindío

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Con medidas no privativas de la libertad fueron cobijados tres diputados y tres exdiputados de la Asamblea Departamental de Quindío, señalados de aprobar las ordenanzas 010, 011, 012 y 015 de 2015, al parecer, contrarias al Estatuto Orgánico del Presupuesto del Departamento.

A los procesados la Fiscalía General de la Nación les imputó el delito de prevaricato por acción, porque con su actuación habrían comprometido vigencias futuras en programas de diversa índole y dejaron poco márgen de maniobra para la administración entrante.

Adicionalmente, las evidencias en poder de la Fiscalía dan cuenta que con el aval que los disputados de entonces dieron a las ordenanzas, se transfirieron recursos del departamento a los municipios para que fueran invertidos en políticas de primera infancia, adolescencia y juventud; sin embargo, la ejecución de esas partidas presuntamente no se cumplió, lo que representaría una violación al régimen de contratación.

El Juzgado 1° Penal Municipal de control de garantías de Armenia dispuso pago de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, prohibición para salir del país, presentaciones periódicas y mantener buena conducta para los diputados Néstor Jaime Cárdenas Jiménez, Luis Alberto Rincón Quintero y Mary Luz Ospina García.

De otro lado, impuso medida de pago de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes e iguales restricciones para los exdiputados Cesar Londoño Villegas, Margarita María Ramírez Tafur, Luz Mery Bedoya de López y la exsecretaria General de la Asamblea Marieth Vanegas Castillo.

Todos los imputados continuarán vinculados al proceso. Por estos hechos, la Fiscalía imputó cargos a Sandra Paola Hurtado Palacio, exgobernadora de Quindío