Procuraduría mantiene competencia para destituir e inhabilitar a elegidos por voto popular: Fernando Carrillo
El procurador subraya que en los momentos que vive el país «estos instrumentos no se pueden debilitar».
Al efecto, Carrillo Flórez emitió el siguiente comunicado:
1. Ante la decisión del Consejo de Estado en el caso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, conocida a través de comunicado de prensa, la Procuraduría General de la Nación, respetuosa de los fallos judiciales, se declara a la espera de conocer el texto de la sentencia, que tiene efectos inter partes, y la decisión final que tome la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2. En un momento crucial e histórico en la lucha contra la corrupción, la Procuraduría reconoce en el Consejo de Estado a uno de sus mejores aliados en esta batalla que desde las instituciones se libra, a partir del mandato de la Constitución Política y en representación y con el apoyo de la sociedad.
3. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido la competencia de la Procuraduría General de la Nación “para investigar y sancionar disciplinariamente a todos los servidores públicos, incluyendo a los de elección popular – con excepción de aquellos que se encuentren amparados por fuero, es constitucionalmente válida para imponer la sanción de destitución e inhabilidad general, cuando se cometan las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima”.
4. En la sentencia SU-355 de 2015 la Corte Constitucional, de manera particular, señaló que: “En materia de la competencia para destituir e inhabilitar servidores públicos – excepto aforados -, incluso de elección popular, se ha configurado la cosa juzgada constitucional. En esa medida, no es posible cuestionar o discutir la validez constitucional de la referida competencia de la Procuraduría”.
5. La Procuraduría General de la Nación mantiene la competencia que el ordenamiento jurídico le atribuye, con apego al debido proceso, para destituir e inhabilitar servidores públicos de elección popular, como herramienta esencial de la lucha contra la corrupción, en momentos en que estos instrumentos no se pueden debilitar.
6. Esta Procuraduría Ciudadana reafirma su compromiso con la defensa de los derechos, las garantías individuales y el orden jurídico. Fin del comunicado.
DECISION DEL CONSEJO DE ESTADO
Tal como lo informamos oportunamente aquí en la web www.radiosantafe.com, el pasado miércoles 15 el Consejo de Estado declaró la nulidad de la sanción de destitución e inhabilidad que le impuso la Procuraduría General de la Nación al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego.
La decisión fue adoptada por la Sala Plena después de acoger las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le hizo al Estado colombiano en el caso del exmandatario de la capital, en el sentido de que la sanción de destitución e inhabilidad impuesta no la puede adoptar un organismo de tipo administrativo.
En este sentido, la Sala Plena exhortó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que en un término de dos años adecúen la legislación interna a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Así mismo, para la Sala no se configuraron las supuestas faltas disciplinarias que llevaron a la Procuraduría General a sancionar e inhabilitar al exalcalde de Bogotá en enero de 2014, por lo que se ordena pagar los salarios y prestaciones que dejó de percibir Petro Urrego con la decisión del Ministerio Público.
El exmandatario fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años, debido a que la Procuraduría lo encontró responsable de cometer tres supuestas faltas catalogadas como gravísimas después de ordenar el cambio en el modelo de recolección de basuras del Distrito Capital en el 2013.
