Judicial

Imputan a exgerente del Acueducto de Bucaramanga por presuntas irregularidades en contratación de obras

En audiencias de control de garantías, un fiscal de la Dirección Especializada contra la corrupción imputó cargos al exgerente de la Empresa de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Ludwing Stunkel García; y a la representante legal del Consorcio Suratá, Liliana Bohorquez, por los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento e interés indebido en la celebración de contratos.

El contrato investigado es el número 017 suscrito el 18 de julio de 2015, entre la Empresa de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) y el Consorcio Suratá 2015, que ascendía a $41.000’000.000 y tenía como objeto la construcción de las planta de tratamiento de agua potable Los Angelinos y Lodos – Bosconia, así como la puesta en marcha del sistema de regulación del río Tona – embalse de Bucaramanga.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, en la ejecución de este contrato se habría presentado un peculado cercano a los $1.600’000.000. Adicionalmente, fueron detectadas varias inconsistencias en la etapa precontractual que buscaban beneficiar al Consorcio Suratá, que finalmente se quedó con las obras. En las fases posteriores, quedaron en evidencias presuntas irregularidades como entrega de recursos públicos al contratista sin que cumpliera con las obligaciones de ejecución.

En las inspecciones a las obras, la Fiscalía constató deficiencias técnicas como falta de plantas, ausencia de sistemas de aducción e inducción, entre otras fallas que prácticamente hacen inservible un proyecto pensado en prevenir el riesgo de desabastecimiento de agua en Bucaramanga y su área metropolitana, como quedó contemplado en un documento CONPES firmado en 2009.

Por estos hecho, la Fiscalía solicitó al juez de control de garantías la imposición de medidas de aseguramiento en centro carcelario contra los imputados, petición que será definida mañana en el Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga.

Este presunto caso de corrupción pública fue priorizado por el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, en desarrollo de la primera fase de la Operación Guane I, que hace parte del Plan Bolsillos de Cristal.