Debate de control político sobre violencia e inseguridad en Bogotá, hurtos, homicidios, lesiones personales, acosos sexuales y colados en el Sistema Integrado de transporte, fueron los temas de discusión en la Comisión de Gobierno de este jueves, citado por el Partido Conservador y el Partido Libres.

El concejal Roger Carrillo indicó que el análisis para formular una política pública sobre seguridad y convivencia debe fundamentarse en la problemática real de cada una de las actividades ilícitas más recurrentes; anotó que el hurto a personas, el narcomenudeo y el robo de carros son flagelos constantes y permanentes en el tiempo y afirmó que no es clara la política de seguridad de la “Bogotá Mejor Para Todos”, aunque se reconocen algunos avances como la intervención en los denominados 750 puntos “calientes” con el fin de disminuir la criminalidad en estos sectores.

No obstante, estas son medidas de choque que no brindan resultados a mediano o largo plazo y que por ende no mitigan, sino que desplazan la criminalidad a otros sectores que se ven afectados, tal como ocurrió con la población del Bronx, que se reorganizaron por ejemplo en el barrio San Bernardo o el puente de la carrera 30 con calle sexta.

Su compañera de bancada, la concejala Gloria Elsy Díaz, indicó que otra causa importante de la alta percepción de inseguridad está precedida por la práctica del narcomenudeo, del que los parques bogotanos y entornos escolares son el epicentro y el perfecto caldo de cultivo para el negocio, la cabildante añadió que preocupa de manera alarmante el aumento de percepción de inseguridad que pasó del 29 % al 39 %, es decir que cada vez las personas se sienten más inseguras en los parques bogotanos y es lamentable, porque en muchos casos son estos espacios públicos la única alternativa para la recreación, el deporte y el sano esparcimiento de nuestros vulnerables niños y adolescentes.

El concejal Nelson Cubides, señaló que la concentración demográfica de Bogotá, como capital de Colombia, determina los grandes problemas sociales que hacen parte de la cotidianidad de la ciudad y que uno de los conflictos que a diario sufren los bogotanos es la inseguridad y el aumento generalizado de la delincuencia. Este es el que más secuelas deja en el imaginario popular, incidiendo directamente en la calidad de vida y generando un aumento prolongado en la percepción de seguridad de las personas y que es fundamental resocializar a los criminales que están en la cárcel, para que haya una oportunidad en la sociedad.

El concejal Emel Rojas, del Partido Libres, también citante a debate, indicó que según datos del Ministerio de Defensa Nacional, de los 18.095 policías que hay en Bogotá, tan solo 337 policías y 200 bachilleres están destinados al sistema troncal de TransMilenio y ninguno al sistema zonal (azul) o provisional del SIPT y que entre enero y noviembre de 2016 se registraron 320 casos de hurtos a pasajeros del SIPT, mientras que en entre enero y noviembre de 2017 se registraron 1.152 hurtos, es decir que es un problema que en vez de mejorar, a crecido paulatinamente. Recalcó que recaudo Bogotá y TransMilenio han reconocido a los colados como un factor de inseguridad dentro del sistema pero nada se ha hecho.

Por su parte, Daniel Mejía, Secretario de Seguridad, afirmó que «hoy ya contamos con un nuevo plan integral de seguridad convivencia y justicia que define prioridades, delimita estrategias y se están realizado el mayor número de evaluaciones experimentales y no experimentales sobre todos los tópicos más importantes de la inseguridad, para diagnosticarlos y ofrecer diferentes alternativas de solución».

Los concejales de las diferentes bancadas, coincidieron en exigirle a la Administración que asuma como reto constituir la seguridad en un propósito de la Administración Distrital para lo cual deben intervenir y trabajar mancomunadamente todas las entidades que tienen que ver con la seguridad en el Distrito, para tal efecto, se debe comenzar por diseñar una estrategia que conlleve garantizar la seguridad en el Transmilenio porque la inseguridad en este sistema de transporte constituye el mayor flagelo que viene sufriendo la comunidad en la ciudad y la mayor afrenta que sufre la Administración por su ineficiencia en garantizar la vida, honra y bienes de las personas que hacen uso de este medio de transporte.