Foto: Minjusticia

En el año que termina, el equipo de política territorial de la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho asesoró a las administraciones locales para contribuir al fortalecimiento de los Consejos Seccionales de Estupefacientes, CSE y los Comités Departamentales de Drogas, CDD.

Este ha sido, sin lugar a dudas, uno de los grandes logros del proceso de implementación de la política de drogas, ya que favorece los procesos de articulación y coordinación para entregar respuestas efectivas.

A nivel departamental diversas instituciones han reconocido el aporte del Ministerio en cuanto al acompañamiento técnico, direccionamiento e impulso del proceso de gestión de la Política de Drogas a nivel territorial, el cual consiste en gestionar y coordinar estrategias y acciones encaminadas a consolidar el liderazgo en cuanto a formulación, apropiación, implementación y seguimiento de esta Política por parte de los territorios del país, atendiendo las manifestaciones de esta problemática en cada uno de ellos.

La misión de los CSE es generar las condiciones necesarias y ofrecer el respaldo político e institucional para que a nivel territorial y local se adopten políticas, planes y programas que respondan a la problemática de las drogas. Y el instrumento en torno al cual se dinamizan las acciones para enfrentar dicha problemática en los territorios son los Planes Integrales Departamentales de Drogas (PIDD) y los Planes Integrales Municipales de Drogas (PIMD), los cuales incorporan estrategias y acciones para controlar la oferta y el consumo de sustancias psicoactivas.

Durante la vigencia 2017, el equipo de política territorial acompañó técnicamente la formulación de los PIMD del Distrito de Santa Marta, Buenaventura, Puerto Boyacá, Villavicencio y Duitama, y la aprobación de los mismos en los entes territoriales que no lo hicieron durante el año 2016 (la Guajira, Antioquia y Bogotá D.C.) Así mismo, en los 32 Departamentos y en el Distrito Capital el Ministerio de Justicia asesoró y acompañó el seguimiento al cumplimiento de las actividades de los planes mediante el monitoreo de indicadores y metas, aplicando una guía metodológica diseñada para tal efecto.

Así, los planes se han constituido en una herramienta útil para atender y abordar el tema de las drogas y consolidar una cultura de la planeación y una visión integral consensuada de la problemática. Además, han servido para darle orden a las acciones en la materia (antes dispersas), logrando una mayor coordinación entre las instituciones responsables de atender el fenómeno en los territorios.

La Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas inició también la consolidación de un sistema de seguimiento anual y un proceso de evaluación formativa a la formulación de los PIDD, determinando su coherencia y concordancia con otros instrumentos de política pública en materia de drogas y con la planificación nacional y territorial. Estas actividades tienen el propósito de contribuir al mejoramiento de los procesos de planeación y monitoreo de la política de drogas a nivel de los territorios.

Finalmente, el equipo territorial apoyó el desarrollo de los programas ‘Familias Fuertes: Amor y Límites’, el de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y el inicio del proceso de fortalecimiento para el abordaje integral de los mercados locales de drogas en varios de los territorios. Esto con el propósito de ofrecer herramientas y metodologías para enfrentar la problemática de las drogas de manera efectiva y desde los enfoques de salud pública y Derechos Humanos.