Envían a la cárcel a funcionario de la Corte Constitucional que negociaba tutelas

mayo 18, 2018 5:49 am

–El auxiliar de la Secretaría General de la Corte Constitucional, Jairo Yovanny Caicedo Rojas, fue enviado a la cárcel dentro del proceso que se le sigue por negociar la selección de tutelas.

Según las investigaciones, prometía la selección de tutelas, reforma, modificación o variación de contenidos desde 700 mil pesos hasta 5 millones de pesos, con primas de éxito de hasta 2.000 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación mostró a un juez de garantías, elementos materiales de prueba sobre la presunta responsabilidad del funcionario en los actos de corrupción en la Corte Constitucional.

Según el organismo investigador, el funcionario supuestamente ofrecía la selección de tutelas, su modificación para ser estudiada por los magistrados, y para hacer los primeros contactos, se comunicaba con diferentes personas vía telefónica o se reunía en una cafetería en la esquina cerca del Palacio de Justicia.

El fiscal, adscrito al grupo de investigaciones especiales del CTI, describió dos eventos en los que estaría involucrado el auxiliar de la Secretaría General del alto tribunal, como por ejemplo, una tutela relacionada con el caso del narcotraficante Miguel Ángel Mejía Munera, alias Mellizo.

Según las investigaciones, por intermedio de un abogado, habría cobrado 2.000 millones de pesos para favorecerlo, en sede de revisión, en una tutela que de ser fallada a favor, lo integraría de nuevo en el listado de Justicia Especial para la Paz (JEP), luego de ser excluido por la Corte Suprema de Justicia.

De otro a lado, el fiscal mostró un video de una entrevista hecha a uno de los testigos del caso, quien indicó que Caicedo Rojas se quedó con su plata porque en la parte final del trámite, no hubo acuerdo económico por ser una cifra muy elevada.

“Se trataba de una tutela para frenar una extinción de dominio en Villavicencio (Meta) y recuperar un bien inmueble. El cobro fue de entre 500 y 700 millones de pesos”, agregó.

También fueron expuestas conversaciones entre el procesado y otras personas con fines de negociar trámites ilícitos de tutelas desde noviembre de 2016 hasta mediados de 2017.

Finalmente para corroborar la peligrosidad, necesidad y urgencia de la medida de aseguramiento, el fiscal argumentó que actualmente el procesado continúa laborando en la Corte Constitucional y, que en otras interceptaciones telefónicas del pasado 15 de mayo, se da cuenta de que continúa probablemente con las maniobras ilícitas.

Del mismo modo, fueron aportadas fotografías tomadas en noviembre 19 de 2016 en las que aparece contando el dinero, al parecer producto delas actividades delictivas.

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