–Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República al Consejo Superior de la Judicatura puso al descubierto un desgreño administrativo de 22 mil 422 millones de pesos, en la construcción de dos complejos judiciales en Cundinamarca, uno en el municipio de Soacha y el otro en Zipaquirá. El hecho es que, aunque las obras se terminaron, no se han entregado a la comunidad, afirma el organismo de control.

La Contraloría establece que el desgreño administrativo en la Judicatura «persiste y se ha agravado la deficiente gestión de la entidad en materia de infraestructura física» y detalla, como prueba de ello, las obras de las sedes judiciales de los dos municipios cundinamarqueses.

«Es tan delicada la situación, que en el caso de Soacha la totalidad de los recursos invertidos ($13.448 millones) fueron elevados a daño patrimonial», precisa el informe.

Añade que las obras de la sede judicial de Soacha ya fueron finalizadas, pero el edificio no cuenta con suministro de servicios públicos ni con vías de acceso, debido a la deficiente estructuración del proyecto realizada en coordinación con la Alcaldía Municipal, lo cual ha llevado a que no pueda ser puesta al servicio del público en el mediano plazo.

Y en el caso de la sede judicial del municipio de Zipaquirá, puntualiza, las evidentes deficiencias de supervisión detectadas en la visita hecha por ingenieros del equipo de auditores de la CGR, concluyeron que «las fallas de construcción existentes impiden poner al servicio la obra».

La Contraloría advierte que para suplir las fallas iniciales de este segundo proyecto se requieren nuevas inversiones, lo que motivó la apertura de una indagación preliminar para cuantificar el posible daño fiscal de las obras iniciales y de las nuevas que sea preciso adelantar.

Señala que las pruebas adelantadas en desarrollo de la Auditoría Financiera realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, a la gestión fiscal del Consejo Superior de la Judicatura para la vigencia fiscal 2017, ratificaron las observaciones hechas en un estudio sectorial sobre los proyectos de inversión en la Rama Judicial, publicado en el Boletín Macrosectorial No. 12 del 5 de febrero de 2018.

El estudio mencionado concluyó que los proyectos de inversión del Consejo Superior de la Judicatura relacionados con la construcción de infraestructura, eran los que tenían menores avances presupuestales y físicos.

«La intención de este análisis fue evaluar la gestión presupuestal de la Rama Judicial y su capacidad para resolver los problemas de la administración de justicia en Colombia y la conclusión fue desoladora» y al respecto hace las siguientes precisiones:

En el período 2013-2016 se destinaron $402.259 millones para los proyectos de infraestructura y se tuvieron avances físicos inferiores al 50% anual, lo cual se traduce en retrasos en la culminación de estos proyectos y afectación de las condiciones necesarias para la prestación adecuada de los servicios de justicia en el país.

Quedó claro, entonces, que la deficiente gestión contractual del Consejo Superior de la Judicatura en materia de infraestructura, abarcaba desde la planeación de las inversiones hasta la débil labor de supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos.

Sin embargo, los resultados de la Auditoría Financiera realizada a esta entidad (sobre la vigencia 2017), confirman que lejos de adoptarse correctivos a las situaciones señaladas, eventos tales como retrasos en la ejecución de los contratos y deficiencias en planeación de los proyectos, afectan negativamente los resultados esperados en las inversiones hechas por la Rama Judicial en infraestructura.

Los dos hallazgos detectados en los casos de Soacha y Zipaquirá (Cundinamarca) no solo comprometen los resultados esperados en la inversión de $22.421 millones, sino que afectan la posibilidad de que las comunidades de estos municipios puedan acceder a un eficiente y oportuno servicio de justicia, ante la imposibilidad de contar con las sedes construidas para tal fin.

“Se trata de una situación que se convierte en un factor de riesgo para el cumplimiento de uno de los fines esenciales del Estado, como es proveer servicios de justicia para la ciudadanía con oportunidad y eficacia”, dijo al respecto el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón.