El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, reveló la existencia de un presunto cabildeo ante el Ministerio Público para interferir en la investigación contra el director del Hospital General de Medellín, Jesús Eugenio Bustamante Cano, hecho que fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación y motivó la apertura de una investigación interna.

“Existen unas pruebas sobre cuya objetividad y contundencia estamos iniciando una investigación disciplinaria interna en la Procuraduría, donde hubo una especie de lobby o cabildeo de afuera, supuestamente sobre algunos funcionarios para que se produjera esa revocatoria de la suspensión del gerente del Hospital de Medellín”.

Carrillo Flórez ordenó a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios asegurar la cadena de custodia de los elementos probatorios que se encuentran dentro del expediente y darle celeridad a la investigación.

“Este órgano de control debe ser ejemplo de ecuanimidad, transparencia e independencia en la toma de decisiones en escenarios altamente regulados por la ley. Lo que no puede tolerarse es que la legitimidad de las decisiones jurídicas, por controversiales que puedan ser, se vean golpeadas por presuntas y oscuras interferencias e intermediaciones que estamos investigando”.

La Procuraduría adelanta un proceso disciplinario contra el gerente del hospital, Jesús Eugenio Bustamante Cano, por presuntas irregularidades en la contratación de proveedores, desconocimiento de las órdenes de la junta directiva y posible extralimitación de funciones.

Nuevos hallazgos

El jefe del Ministerio Público reveló que tres procuradores de la cúpula de la Entidad lideran una segunda toma del Hospital General de Medellín, donde se adelantan tres nuevas líneas de investigación, entre ellas el plan de compras y la gestión contractual de los años 2015, 2016, 2017 y lo corrido de 2018.

“Se ha determinado la necesidad de ahondar en el modelo que aplica el Hospital General de Medellín para adquirir los medicamentos, corroborando si el mismo se ajusta a los parámetros legales y a los demás variables que se siguen en el sector salud”.

Así mismo se investiga si el gerente Bustamante Cano en pleno disfrute de sus vacaciones, al parecer, suscribió un contrato pese a conocer la existencia de una gerente encargada designada por la junta directiva. “La Procuraduría cuenta con un certificado que confirma que las vacaciones en ningún momento fueron suspendidas”.

Sobre la renuncia de la firma Deloitte & Touche Ltda a la revisoría fiscal del hospital, el pasado 21 de septiembre de 2017, la Procuraduría dio traslado de la comunicación a la Superintendencia Nacional de Salud, teniendo en cuenta que esta decisión se fundamentó en los siguientes hallazgos: ineficiencia del ambiente de control dentro del hospital, debilidades significativas en el sistema de control interno, debilidades en la estructura organizacional y crisis de confianza en el gobierno de la entidad.

“Con estas acciones la Procuraduría General de la Nación reconoce el carácter fundamental de patrimonio y activo que tiene este hospital para los antioqueños. Estamos insistiendo en esta vigilancia precisamente porque hay que preservar esos altos estándares de gestión pública, de defensa a la moralidad y de respeto a la ética, que tiene que gobernar una institución donde está de por medio la garantía del derecho a la salud de los antioqueños”.

Audiencia contra la explotación sexual

Las revelaciones del Procurador coincidieron con la segunda audiencia pública de compromiso en la lucha contra la trata de personas, la explotación sexual comercial y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín, donde el jefe del Ministerio Público advirtió que “la inocencia y los derechos de la infancia no están en venta”.

“No vamos a seguir aceptando que turistas y extranjeros vengan a abusar de niños, niñas y adolescentes. Este es un fenómeno que toda la sociedad debe rechazar”.

Carrillo Flórez hizo un llamado para que el país se comprometa en la defensa a ‘capa y espada’ de los derechos de los niños, niñas y adolescentes contra la explotación sexual, y advirtió que este trabajo se logra con el esfuerzo de entidades públicas, el compromiso del sector privado y la movilización social para que este propósito se convierta en una causa ciudadana.

En esta segunda audiencia participaron entidades del orden nacional, departamental y municipal, organizaciones de protección de la niñez y adolescencia nacionales e internacionales y empresas del sector privado.

Al término de la misma se firmó un pacto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General y autoridades municipales y departamentales de Antioquia en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. El gremio de taxistas y el sector hotelero se sumaron a esta iniciativa con el compromiso de prevenir estas conductas delictivas.