La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibió este jueves de parte de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, el informe de afectaciones individuales y colectivas que han sufrido los pueblos indígenas de Colombia en el marco del conflicto armado.

Luis Fernando Arias, presidente de la ONIC, hizo entrega del informe a la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y a los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas. Al informe de la ONIC se suman los entregados por parte de la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, el Centro Nacional de Memoria Histórica, CREDHOS, las víctimas de El Nogal y de violencia sexual, entre otros.

El informe de la ONIC, como el de otras entidades, son uno de los insumos de la JEP para el proceso de selección y priorización de casos. Dichos informes son analizados y contrastados para que sean llamadas a declarar las personas que se han comprometido a concurrir a la Jurisdicción Especial para la Paz.

En el documento radicado este jueves, están documentados los hechos en los que han sido victimas los pueblos indígenas en el marco del conflicto armado.

Se trata de graves violaciones de los Derechos Humanos contra estas etnias, que incluyen: 123 masacres; 219.501 desplazamientos forzados; 2.954 indígenas asesinados; 2.015 indígenas han sido víctimas de algún tipo de amenaza, intimidación o atentado.

El documento dice en uno de sus aprates: «Existe sistematicidad y continuidad del exterminio hacia los Pueblos Indígenas por parte de todos los actores del conflicto armado interno, que aquí sigue ocurriendo un etnocidio, porque continúan los asesinatos, las amenazas, las estigmatización, el señalamiento de nuestros proceso de reivindicación de derechos, la ocupación, contaminación, explotación de nuestros territorios, el reclutamiento, masacres, torturas, la discriminación y la exclusión».

La ONIC denunció que pese a la firma del acuerdo con las Farc, a sus territorios no ha llegado la paz y le solicitan al gobierno de Iván Duque que no se modifique lo pactado.

Aida Quinqué, consejera de Derechos Humanos de la Onic, señaló que: «Ojalá estos cambios que propone el Presidente y que propone el Congreso de la República no afecten los que nosotros esperamos que es la justicia, la verdad y la no repetición, porque en últimas finalmente los que vivimos las consecuencias somos los pueblos que hemos sido víctimas históricas del conflicto armado».