Por:Abog. Carlos Fradique-Méndez Sr.
He seguido los pasos de la Consulta anticorrupción y he leído las observaciones que juristas reconocidos han publicado para dar a conocer la inconstitucionalidad e ilegalidad de la consulta. Sobre estas observaciones se han puesto oídos sordos. Al parecer, el miedo a Claudia López domina el ambiente.

El Art. 6 del Dto 1028 de 2018, por medio del cual se convoca a la votación para la consulta, ordena que se informe sobre el contenido de la iniciativa y por supuesto que sobre su legalidad o ilegalidad y sus consecuencias. Ni el Gobierno, ni los medios han abierto espacios para informar el por qué la consulta es ilegal, por qué se debe revocar la convocatoria, por qué se debe evitar el peculado por 300 mil millones o más y en el evento de que no se revoque la convocatoria se toma la decisión responsable de NO VOTAR.

En tres videos que me han llegado, la señora Claudia López invita a votar por el SI y se respalda en argumentos falsos que denuncian su desconocimiento del tema, su ignorancia del Derecho Constitucional o en un doloso manejo del sofisma para engañar a los posibles votantes.

Los argumentos que expone la señora Claudia son los siguientes:

1) Que la reducción de salarios solo afecta a congresistas, magistrados de altas cortes y a ministros.

2) Que el Congreso tendrá máximo un año para tramitar, expedir las leyes a las que se refiere la consulta.

3) Que si pasado un año el Congreso no ha expedido las leyes, el Presidente Iván Duque deberá expedir esas leyes por decreto.

4) Que los salarios de los funcionarios de la Rama Judicial no se afectarán.

5) Que si se aprueba la consulta se acaba la corrupción y no se seguirán robando los 50 billones que hoy se roban los corruptos.

6) Que con la consulta se limitan a 3 los periodos para que los políticos sean elegidos a corporaciones públicas.

7) Que si la consulta no es aprobada le seguirán subiendo los impuestos al pueblo y les bajarán las pensiones.

Asombra que una persona que pretendió ser Presidente de la República y ahora pretende ser alcaldesa de Bogotá, incurra en semejantes desaciertos y confiese su desconocimiento de los principios elementales del régimen de los mecanismos de participación ciudadana.

Hago las siguientes precisiones, con la Constitución y las leyes estatutarias en la mano.

1) El Art. 50 de Ley 134 de 1994, es claro al disponer que “No se podrán realizar consultas sobre temas que impliquen modificación a la Constitución Política.” Por medio de la consulta se pretenden modificar DIRECTAMENTE, sin intervención del Congreso, los Arts. 126, 187, 197 y 280 de la Constitución.

2) En la supuesta reducción de salarios no están los magistrados de la JEP.

3) El salario de los ministros es menos de 25 SMMLV.

4) La consulta no da ninguna orden al Congreso para reformar leyes y menos la Constitución. Las preguntas son: ¿APRUEBA UD? Si se responde SI APRUEBO no se necesita ninguna norma adicional.

5) Los asesores del Presidente Iván Duque no le han informado que por DECRETO no se puede reformar la Constitución y que no podrá reducir el salario a 150.000 empleados cuyos salarios están atados al de los Congresistas como de contera lo dispone el Art. 280 de la Constitución. Lo han dejado que acepte un reto que le será imposible cumplir.

6) La consulta no resuelve nada sobre la corrupción. Las penas más drásticas solo se pueden imponer mediante reformas al Código Penal y éstas no se pueden hacer vía consulta popular. Se necesitaría un referendo.

7) El límite de 3 periodos en cargos de elección popular es una gran falacia. Se pretende reformar el Art. 126 de la Constitución. Lo que autoriza la consulta son 3 periodos en concejos, 3 en asambleas, 3 en la Cámara y 3 en el Senado para un total de 48 años, más los que sumen como ministros, gobernadores, alcaldes, embajadores, los que se hagan elegir en cuerpo ajeno y los que compartan con sus parejas como cuando una está en la Cámara y el otro en el senado.

Esta aparente limitación generaría actos de máxima corrupción y de acumulación de privilegios. Veamos: Los políticos son hábiles, muy hábiles. El régimen pensional de congresistas y sus pares es un privilegio injustificado. Se les liquida sobre todos los ingresos y no sobre el salario básico que es sobre el que aportan. Pretenden que se liquide sobre el ingreso del último año. Casi siempre la pareja está empleada en organismos con privilegios. Una en la cámara y otro en el Senado. Uno en el Congreso y otra en la Rama Judicial o en la Procuraduría. Sueldos y pensiones para la pareja por valor cercano a $40.000.000 mes. Esto es desangre al erario.

Este régimen se aplica a los empleados de la rama judicial y por esta razón muchos magistrados de la SALAS DISCIPLINARIAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, los guardianes de la ética de abogados y jueces, nombraron a sus amigos y amigas jueces municipales como magistrados auxiliares para que incrementaran sus pensiones en cuatro y hasta cinco veces. Y entiendo que estos ascensos no fueron gratuitos o por méritos.

Entonces las pensiones como congresistas y sus pares se incrementarán en forma exponencial y muy pronto los dineros para pago de pensiones serán insuficientes.

8) Y para rematar amenaza la Señora Claudia López con el engaño de que si la consulta no pasa, se subirán los impuestos y se bajarán las pensiones. Es tan necia esta amenaza que no merece comentario adicional.

Dejo en esta forma planteada la necesidad de abrir un amplio espacio de opinión para que los ciudadanos se informan del contenido, de la legalidad y del verdadero alcance de lo que es evidente una engañosa consulta anticorrupción.

Bogotá, 13 de agosto de 2018

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