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Fiscalía apeló casa por cárcel otorgada al general Guatibonza y a otros 2 investigados por red de chuzadas telefónicas

–Un recurso de apelación interpuso la Fiscalía General de la Nación contra la decisión del juez noveno de garantías de Bogotá de otorgarle el beneficio de casa por cárcel al general retirado de la Policía Nacional Humberto Guatibonza, dentro de la investigación por las chuzadas telefónicas.

La apelación cobija a Carlos Arenas y Julián Villarraga, procesados también por presuntamente estar implicados en una red de interceptaciones ilegales.

Al interponer el recurso, la fiscalía reiteró su solicitud medida de aseguramiento en centro carcelario contra los 3 investigados por considerar que sí constituyen un peligro para la sociedad y además podrían influenciar a su favor el proceso.

El hecho es que el juez calificó de “excesiva» la solicitud de la medida de aseguramiento que hizo la Fiscalía General y en su defecto consideró que la detención domiciliaria era «la que predominantemente permitiría proteger esos bienes jurídicos tutelados en cabeza de la comunidad”.

Además advirtió que los tres presuntos implicados no utilizaron un software malicioso, que sí manejaron otros involucrados en la red entre ellos la hacker María Alicia Pinzón Montenegro y los coronel retirados del Ejército Jorge Humberto Salinas y el mayor Carlos Quiriga.

No obstante, los oficiales retirados Salinas y Quiroga si se encuentran restringidos de su libertad en establecimiento de reclusión.

Los procesados son acusados de haber incurrido en los delitos de concierto para delinquir, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, interceptación de datos informáticos, uso de software malicioso y violación de datos personales agravada.

El caso tiene que ver con la obtención ilegal de información reservada de políticos, empresas, integrantes de la fuerza pública, parejas, funcionarios judiciales y de la Fiscalía, para venderla a terceros interesados.

La fiscalía estableció que para el efecto tenían como fachada dos empresas en Cali, mientras que el centro de operaciones criminales estaba en Ipiales (Nariño), desde la cual se habría acopiado información de inteligencia sobre movimientos, ubicación y operaciones de objetivos militares, políticos y sus familiares, y otras personalidades nacionales e internacionales.

En Bogotá funciona la empresa ‘A&G seguridad’ de propiedad del general retirado de la Policía, Humberto Guatibonza Carreño.

El portafolio ilegal de servicios era ofrecido a entidades del Estado y particulares. Publicitaban su capacidad de interceptar comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea. La red delincuencial cobraba al menos tres millones de pesos ($3’000.000) por cada actividad ilícita.