Los procesados, a quienes la Fiscalía imputó cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos; contrato sin el cumplimento de los requisitos legales; falsedad en documento privado; uso de documento falso; falsedad ideológica en documento público; peculado por apropiación a favor de terceros, y concierto para delinquir agravado, fueron identificados como:
-Fernando José Muñoz Duque, alcalde de Dosquebradas (Risaralda).
-Jonathan Omar Barrientos Patiño, exsecretario de Planeación de Dosquebradas (Risaralda).
-Julián Alberto Carrizosa Montoya, secretario de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental de Dosquebradas (Risaralda).
-Elkin Mauricio Arboleda Pérez, profesional de la Secretaria de Planeación de Dosquebradas (Risaralda).
-Luis Fernando López Mustafá, director operativo de Gestión Ambiental de Dosquebradas (Risaralda).
-Carlos Elías Márquez Valencia, director operativo de gobierno de Dosquebradas (Risaralda).
-Jennifer Londoño Rivera, y Julián Andrés Valencia Arias, administradores de la Cooperativa Multiactiva de Recicladores del Eje Cafetero y Norte del Valle –Corecv.
-Rita Inés, Juan Carlos Velásquez Cifuentes y Jenny Tatiana Castro Duque, representantes de la Fundación Visión y Asociación de Gestión y Cooperación para el Desarrollo.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, estas personas se habrían concertado con el fin de direccionar, adjudicar y favorecer los convenios 874, 803,740 y 517 de 2016 que tenían por objeto la recolección, transporte y disposición final de residuos especiales de basura (elementos de gran volumen como camas, muebles y otros elementos de gran tamaño); el manejo de escombros (residuos de las construcciones); el mantenimiento de pozos sépticos en áreas rurales y el desarrollo de actividades de tenencia de animales (vacunación y esterilización de perros y gatos callejeros).
Con lo anterior, se habrían vulnerado los principios de igualdad, transparencia, planeación y economía que rigen la contratación estatal.
Los elementos recopilados permitieron establecer que las fundaciones Corecv, Fundación Visión y Asociación de Gestión y Cooperación para el Desarrollo no contaban con la capacidad técnica, administrativa y financiera para asumir los convenios; sin embargo, les fueron adjudicados. Además, se determinó que cotizaciones, certificaciones de experiencia, conceptos sanitarios, informes de actividades y actas de supervisión aportados serían falsos o se acreditaban de forma irregular entre las mismas organizaciones sin ánimo de lucro.
Asimismo, se logró evidenciar que se aportaron contratos de personas que no fueron contratadas y a las que efectivamente se les suscribió a uno de los convenios, trabajaron en dos por una misma remuneración.
Las labores investigativas arrojaron además que los supervisores habrían omitido su labor, pues al parecer se pagó la totalidad de los convenios sin los debidos soportes e informes de labor.
Diez de los investigados fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y uno más en su lugar de residencia. La defensa apeló la decisión.
