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Atacar causas de violencia sexual es responsabilidad de todos

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Fortalecer el talento humano en salud para atender los casos de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes es uno de los retos que tiene el sistema de salud del país para enfrentar la magnitud de esta problemática.

Así lo dio a conocer el Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Iván Darío González Ortiz, durante el debate de la comisión séptima de Senado en el marco de la Ley 1146 de 2007.

Señaló que visibilizar la problemática de la violencia de sexual es fundamental para la prevención de los casos y para que la sociedad la rechace. De igual manera destacó la necesidad de promover la ruta de atención y acceso a los servicios de salud de las víctimas de este flagelo y fortalecer al personal médico y asistencial para ampliar sus competencias.

González Ortiz fue enfático durante su intervención al manifestar que “los efectos de esta violencia impactan al sector salud, pero los síntomas de esta problemática se encuentran en la sociedad y requerimos un trabajo intersectorial para abordarlos y prevenirlos de raíz”, dijo.

Indicó que el panorama muestra un incremento en los reportes del Sistema de Vigilancia de Violencias de Género (Sivige) porque se pasó de 17 mil casos a 19.300 registrados en el último año. “Con este sistema de vigilancia tenemos más de 774 puntos dispuestos que nos brindan información importante para atender esta situación que es delicada”, informó.

Dijo además, que las víctimas de abuso sexual -19 mil casos reportados- tuvieron acceso a atención preventiva de salud frente a VIH, hepatitis C, anticoncepción de emergencia y esfuerzos especiales en materia de salud mental.

De otro lado, el Viceministro también mencionó en su presentación que el Ministerio de Salud y Protección Social promueve dos aspectos relevantes como la erradicación de la mutilación genital femenina entre las comunidades indígenas Emberá Chamí y Emberá Katío con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), así como la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de la población en situación de discapacidad.