–La Fiscalía General de la Nación anunció este viernes que decidió pedir a España la extradición del abogado Carlos José Mattos para que responda ante la justicia colombiana por el caso Hyundai como presunto responsable de los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, daño en sistema informático y dos cohechos por dar u ofrecer en calidad de autor y determinador.

La investigación contra Mattos tiene que ver la supuesta adulteración en el reparto de procesos en el Centro de Servicios Judiciales de los juzgados civiles de Bogotá, con el fin de direccionar a un despacho específico la demanda presentada por Hyundai Colombia Automotriz S.A. contra Hyundai Motor Company de la República de Corea.

La petición de extradición la anunció en un comunicado la vicefiscal general María Paulina Riveros Dueñas, tras notificar que asumió este proceso luego que la Corte Suprema avalara el impedimento manifestado por el titular del organismo Néstor Humberto Martínez Neira.

El siguiente es el texto del comunicado de la Vicefiscal:

A propósito de la providencia emitida por la Sala Plena de la Honorable Corte Suprema de Justicia que declaró fundado el impedimento manifestado en su momento por el señor Fiscal General de Nación dentro de la causa penal que se sigue por el caso Hyundai, providencia que ordenó remitir el asunto al Despacho de la Vicefiscal General de la Nación para asumir su conocimiento, informo al país:

Tras haber sido citado el señor Carlos José Mattos Barrero a diligencias judiciales ante la Fiscalía General de la Nación en dos oportunidades en las que no compareció, el pasado 14 de septiembre este Ente Investigador exhortó a la representación consular de Colombia en Madrid, España (donde se encuentra el señor Mattos), para que por su conducto acudiera de manera virtual a la audiencia de imputación de cargos programada por la Judicatura para el día 3 de octubre de 2018.

No obstante que en esta última oportunidad había confirmado su asistencia y había aportado las claves para la conexión virtual, el indiciado manifestó que no comparecería a la audiencia, como en efecto, no compareció. Por esa razón el Juez 27 penal municipal con función de control de garantías lo declaró contumaz. En la audiencia, la Fiscalía General de la Nación le imputó al señor Mattos 4 delitos: Cohecho por Dar u Ofrecer en grado de autoría (art. 407 del Código Penal) y, Utilización Ilícita de Redes de Comunicaciones (art. 197 del Código Penal), Acceso Abusivo a un Sistema Informático (art.269A de Código Penal) y Daño Informático (art. 269D del Código Penal), en grado de determinador. Los delitos fueron imputados en la categoría de agravados, lo que significa que se parte de penas superiores a la base.

El procesado habría pagado, a cambio de que un juez de la República adoptara una decisión en su favor, sobornos a múltiples funcionarios del área de sistemas de la judicatura y a funcionarios judiciales, para direccionar el reparto de una demanda de la empresa colombiana Hyundai Colombia Automotríz S.A. (de la cual Mattos era el mayor accionista) contra la Compañía Coreana Hyundai Motor Company. El propósito de la demanda era que se prohibiera a esta última la comercialización de sus automóviles y repuestos, en territorio colombiano, con cualquier empresa distinta a Hyundai Colombia Automotriz.

Con la finalidad de obtener el decreto de una medida cautelar dentro del proceso civil, que declarara tal prohibición, el sistema de reparto judicial fue manipulado para que la demanda mencionada fuera conocida específicamente por el Juzgado 6 Civil del Circuito de Bogotá, cuyo titular era el encargado de producir la decisión que favoreciera los intereses del señor Mattos, a cambio de cuantiosas sumas de dinero. Ese juez también se encuentra privado de la libertad por los mismos hechos, junto con 8 personas más, que ya han aceptado cargos.

El día de ayer el juez de Control de Garantías decretó medida de aseguramiento privativa de la libertad en Establecimiento Carcelario en contra del señor Mattos Barrero y libró orden de captura con fines de cumplimiento de la medida.

A propósito de dicha circunstancia, la Fiscalía General de la Nación dispuso, de acuerdo con el Convenio de Extradición vigente entre la República de Colombia y el Reino de España, elevar pedido de extradición del señor Mattos Barrero.

Hemos iniciado los trámites pertinentes tendientes a obtener la entrega en extradición del señor Mattos para que comparezca ante las autoridades judiciales colombianas.

María Paulina Riveros Dueñas
Vicefiscal General de la Nación

EL CASO HYUNDAI

A principios del mes de junio último, la Fiscalía reportó la captura de nueve personas entre funcionarios judiciales y particulares que habrían participado en los hechos de corrupción a cambio de dádivas.

Las detenciones se produjeron en el marco de una primera fase de la investigación por la supuesta adulteración en el reparto de procesos en el Centro de Servicios Judiciales de los juzgados civiles de Bogotá, con el fin de direccionar a un despacho específico la demanda presentada por Hyundai Colombia Automotriz S.A. contra Hyundai Motor Company de la República de Corea.

En las indagaciones fueron vinculadas las nueve personas, así:

Dagoberto Rodríguez Niño: oficial mayor del Juzgado 6 Civil del Circuito. Capturado este 7 de junio de 2018. La Fiscalía le formulará los delitos de acceso abusivo a un sistema informático (agravado), en concurso heterogéneo con uso de software malicioso y falsedad ideológica en documento público (agravado por el uso).
Según la investigación, Rodríguez Niño habría sido el primero en tener contacto con el empresario Carlos Mattos, para contactar a los funcionarios judiciales y así acceder al sistema informático y direccionar el reparto judicial.

Reinaldo Huertas: juez sexto Civil de Bogotá, capturado el reciente 6 de junio en Bogotá. La Fiscalía le imputó cargos por cohecho por dar u ofrecer, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a sistemas informáticos y daño informático. El juez no aceptó los cargos. La audiencia avanza en el Complejo Judicial de Paloquemao y está pendiente la resolución de situación jurídica.

Carlos Mattos Barrero: dueño de Hyundai Colombia Automotriz S.A. Por solicitud de la Fiscalía, la Secretaría General de Interpol expidió la circular que procede en este caso. El pasado viernes 1 de junio de 2018, el fiscal del caso obtuvo ante un juez de control de garantías la orden de captura contra el empresario automotriz por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a sistemas informáticos y daño informático.

Luis David Durán Acuña: abogado de la firma automotriz del empresario Carlos Mattos en el caso Hyundai. Reconoció su responsabilidad en los delitos de cohecho propio, acceso abusivo a un sistema informático agravado, daño informático agravado y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores.

Los investigadores establecieron que Durán Acuña habría entregado una suma de dinero para comprar el computador desde el que, presuntamente, se ingresó a la plataforma de la Rama Judicial para manipular y borrar el sistema de reparto. Un juez de garantías lo envió a la cárcel de La Modelo.

Edwin Fabián Macías Castañeda: auxiliar del Juzgado 6° Civil de Bogotá. Aceptó cargos por los delitos de cohecho propio, acceso abusivo a un sistema informático agravado, daño informático agravado y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores.

La Fiscalía dijo tener material probatorio que responsabilizaría a Macías Castañeda de impartir las órdenes directas a otros funcionarios judiciales para direccionar a sus intereses el reparto de los procesos civiles y fueran asignados al juez sexto Civil del Circuito de Bogotá. Por disposición de un juez de control de garantías permanece en la cárcel de La Modelo.

Edwin Enrique Angulo Martínez: funcionario del Centro de Servicios Judiciales de la Rama Judicial en Bogotá, capturado el 16 de mayo del presente año, a quien le fue decretada medida de aseguramiento en centro carcelario. Aceptó cargos por el delito de concusión. Entretanto, deberá responder en juicio por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, que también le imputó la Fiscalía.
Angulo Martínez, según las investigaciones, sería el autor material de la adulteración del reparto.

También es investigado por la presunta exigencia de dinero para incidir en la adjudicación de contratos para la selección del proveedor de equipos tecnológicos para los diferentes despachos judiciales en Bogotá.

Wilmer Andrey Patiño Rodríguez, Wilmer Casas Mendoza, Ramón Orlando Ramírez Fuentes y Carlos Arturo Gómez: funcionarios judiciales capturados el pasado 28 de mayo. Aceptaron cargos por utilización ilícita redes de comunicaciones, acceso abusivo a sistema informático, daño informático y cohecho por dar u ofrecer. El próximo viernes 9 de junio se definirá la medida de aseguramiento.