El gobierno venezolano enfrenta este martes el reclamo de la comunidad internacional para que aclare la muerte de un concejal opositor que, asegura, se suicidó en prisión, pero que según sus copartidarios fue asesinado.

El cuerpo de Fernando Albán, de 52 años, fue llevado a la sede del Parlamento -de mayoría opositora- para su velación. Cubierto con una bandera de Venezuela, el féretro permanecía en los jardines del edificio, en el centro de Caracas, rodeado de políticos y allegados.

Antes del arribo de la carroza fúnebre, varios diputados insistieron en que el hecho, ocurrido el lunes en los temidos calabozos del servicio de inteligencia (Sebin) en la capital, no fue un suicidio sino un crimen.

Enfatizando que el Estado tenía la «obligación de garantizar» la integridad de Albán, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reclamó una «investigación transparente» sobre su muerte.

Existen «informes contradictorios sobre lo ocurrido», declaró una portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, en rueda de prensa en Ginebra.

El concejal había sido detenido el viernes cuando regresaba de Nueva York, acusado de la explosión de un dron cargado con C-4 cerca de la tarima donde el presidente Nicolás Maduro daba un discurso, el 4 de agosto.

Según el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, de línea oficialista, Albán «solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso diez». Esperaba para ser trasladado a los tribunales, dijo el gobierno.

Saab prometió una «investigación exhaustiva» para esclarecer las circunstancias.

«¡Asesinos!», escribió en Twitter el diputado Julio Borges, fundador de Primero Justicia, partido de Alván. Borges también fue vinculado por el gobierno al presunto atentado y está exiliado en Colombia.

Según el parlamentario, el cuerpo de Albán «fue lanzado sin vida desde el edificio del Sebin».