La senadora María Fernanda Cabal dijo que la Ley 1448 del 2011 o de víctimas “en la práctica ha tendido a convertirse en un instrumento de despojo de la tierra, que en lugar de enmendar las situaciones problemáticas para las que fue diseñada, en ocasiones ha resultado ser la gestora de nuevas víctimas del actuar del mismo Estado”.

Recalcó que como resultado de esa situación, la Corte Constitucional se ha pronunciado en diversos fallos “exigiendo la adecuación de la norma para superar estos elementos difusos de la Ley y ha llamado al Congreso de la República para que en el ejercicio de su labor legislativa, corrija los yerros de la Ley en favor de los campesinos más vulnerables, que se encuentran padeciendo directamente los efectos negativos de la misma”.

Así lo señaló al dar inicio a la audiencia pública, que tuvo lugar en la sede de la Comisión Primera del Senado, y con la que se busca enriquecer la ponencia del proyecto de ley 131 del 2018, que modifica la llamada Ley de Víctimas.

En este escenario, la senadora Cabal dijo: “No vamos a proteger a ningún victimario. Vamos a defender los derechos fundamentales de las personas vulneradas por la Ley 1448”.

Por más de cuatro horas, cerca de 40 campesinos provenientes de diferentes sitios de la geografía colombiana rindieron sus testimonios a viva voz y contaron cómo tras comprar sus tierras, que en la mayoría de los casos habían sido parceladas por el desaparecido Incora, las perdieron, en varios casos, por malas interpretaciones de la Ley 1448 del 2011.

El primero en intervenir fue José Alberto Muñoz, proveniente de la zona del Urabá antioqueño, quien narró su drama y expresó que como propietario ha sido desplazado dos veces, a la vez que se quejó de la negligencia de las autoridades competentes para proteger sus derechos y así poder recuperar su parcela, de la cual fue despojado.

En desarrollo de la audiencia pública intervino la señora Victoria Veracruz, residente en Chigorodó, Antioquia, víctima de la violencia, quien expresó: «Los terratenientes no van a querer entregar los terrenos a los campesinos. Ellos compraron por precio irrisorio, porque el campesino vendía, ya que quería irse de la violencia».

Por su parte, Luis Ángel Pineda, habitante en el departamento de Nariño, dijo: “En mi región muchas tierras las hemos heredados de nuestros ancestros. Han pasado del abuelo, a sus hijos y a sus nietos, pero el gobierno las quiere declarar como baldíos, porque no tenemos documentos”.

Expedito Jaimes indicó: “Los gobiernos permitieron que la guerrilla y los paramilitares hicieran sus fechorías. Fueron los grupos alzados en armas y no el Incoder los que entregaban las tierras. Además la ley de víctimas comenzó mal y por eso pido que se modifique”.

Varios de los campesinos que intervinieron en la audiencia pública y han sufrido, de una u otra forma, el despojo de tierras pidieron reformar la Ley 1448, porque, según manifestaron, “la Unidad de restitución de tierras se ha convertido en juez y parte”.

Cristina Díaz narró cómo su padre Guillermo Díaz había comprado legalmente las tierras en Caracolicito, Cesar, a un vecino, quien años después falleció de diabetes, pero una vez entró en vigencia la Ley 1448, los sobrinos de la esposa del muerto argumentaron ante las autoridades que el señor Guillermo los había amenazado con el fin de adquirir las tierras y las había adquirido a un bajo valor. “La Ley 1448 permite que se les de valor a los falsos testimonios y a los falsos testigos”, comentó.

Por su parte, Luis Fernando Sánchez, delegado de Codhes, argumentó que el proyecto de ley que busca modificar la ley de víctimas es regresivo en relación con el reconocimiento y la garantía del derecho a las víctimas de despojo.
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Añadió que elimina la inversión de la carga de prueba, limita la protección a la propiedad privada de la población rural y reconoce la venta forzada como un mecanismo ajeno al despojo en el manejo del conflicto armado, entre otros aspectos.

En medio de la audiencia se conoció un documento suscrito por varios congresistas de la oposición y por organizaciones no gubernamentales (ONG), en la que señalan que la reforma a la Ley 1448 desnaturaliza el derecho fundamental a la restitución de tierra y busca limitar la titularidad del derecho a la restitución de tierras a través de presunciones legales que vulneran a los campesinos, especialmente.

La Comisión Primera entrará a estudiar en los próximos días la ponencia que propone reformas a la ley de víctimas, de la cual la senadora María Fernanda Cabal es coordinadora ponente.