–La Defensoría del Pueblo recomendó a las entidades estatales impulsar una política integral de formalización y lucha contra la minería ilegal, teniendo en cuenta los actores que afectan a las comunidades. Así mismo, garantizar los derechos humanos de las comunidades afectadas por estas prácticas ilegales.

Las observaciones parten del “Informe Especial: Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo” realizado por la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH – Sistema de Alertas Tempranas (SAT), en el cual se revisó la problemática en Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Norte de Santander y Antioquia.

La Defensoría recuerda que en el mes de abril de este año, presentó el diagnóstico en el cual señala la disputa entre grupos armados ilegales como autodefensas Gaitanistas, Eln y las disidencias de las Farc con el fin de controlar el narcotráfico y la minería ilegal en las zonas mencionadas.

Las recomendaciones de este informe fueron entregadas a autoridades nacionales como la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional Minera; a la Fuerza Pública, entre otras. Así mismo, serán remitidas a las gobernaciones y alcaldías de las regiones donde se identificó la problemática.

En relación con el narcotráfico y el conflicto armado, el documento recomienda a las autoridades adelantar acciones de prevención, protección y garantías de no repetición dirigidas a las poblaciones vulnerables dentro de las cuales hay indígenas, afrocolombianos y variadas capas de campesinos y pobladores rurales.

Además, fortalecer la justicia y la convivencia con presencia de la Fuerza Pública. Adelantar acciones que brinden salidas económicas y laborales a sectores sociales vulnerables en zonas afectadas por cultivos de uso ilícito y corredores de tráfico de estupefacientes.

?En particular se recomienda impulsar acciones que busquen desactivar los factores de violencia contra pobladores víctimas de homicidios, amenazas, delitos contra la integridad sexual, y atentados a líderes pertenecientes a zonas rurales e intervenir las rutas de suministro de insumos.

“La violencia en contra de la población civil en estas zonas tiene una relación directa con economías ilegales. Los actores armados usan métodos como los asesinatos y el desplazamiento forzado para mantener el control del territorio”, explicó el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera.

Sobre la minería ilegal y el conflicto armado, el Informe recomienda a las autoridades impulsar una política integral de formalización y lucha contra la minería ilegal, con un enfoque en DD.HH., que permita a las entidades territoriales proveerse de los recursos necesarios, para lo cual se puede adoptar la Guía de Debida Diligencia de la OCDE.

De igual manera, se recomienda ejecutar intervenciones en las zonas para el control efectivo de estas prácticas ilegales, actuando con un enfoque preventivo. Además, atender oportunamente los llamados y alertas tempranas emitidas por las distintas entidades con presencia en el territorio.

El Informe también señala la necesidad de identificar las características de las explotaciones mineras para diseñar medidas que permitan erradicar explotaciones ilegales, resolver la situación económica de mineros migrantes y de la población vulnerable en general. Lo anterior facilitando la reparación de los territorios afectados a través de la reconversión sociolaboral de numerosos pobladores afectados con esta práctica, con respeto a los valores y tradiciones culturales de las comunidades.

Este informe contó con el apoyo técnico y financiero del Programa de Derechos Humanos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) – Colombia.