–En representación del Partido Centro Democrático, los senadores Álvaro Uribe Vélez y Gabriel Velasco radicaron este jueves ante la Secretaría General del Senado el proyecto que busca reformar la ley de garantías electorales.

La llamada Ley de Garantías tuvo razón de ser durante el periodo de la reelección presidencial, hoy, sin reelección presidencial, simplemente se convierte en un factor más para que las administraciones no puedan avanzar”, afirmó el expresidente Uribe.

Agregó que ”los actuales alcaldes y gobernadores tuvieron Ley de Garantías este año, prácticamente tuvieron muy afectada su posibilidad de gobernar por esos periodos largos de Ley de Garantías y volverían a tener Ley de Garantías el año entrante, lo cual es injusto con ellos. En un periodo de cuatro años, prácticamente dos años con bastantes limitaciones para gobernar”.

La iniciativa propone que dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones se les prohíba a los gobernadores, alcaldes municipales o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas de orden departamental, municipal y distrital celebrar convenios interadministrativos con entidades del mismo nivel territorial para la ejecución de recursos públicos.

Tampoco podrían participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de su juntas directivas, para reuniones de carácter proselitista.

Sin embargo, quedarían exceptuados de dicha prohibición «los convenios interadministrativos para la ejecución de recursos que celebren las entidades del orden nacional con las entidades territoriales, como también el aporte de recursos de las entidades terrritoriales a dichos convenios».

Igualmente se prohibiría inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social o eventos en donde participen candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, al Congreso de la República, alcaldías y gobernaciones, entre otros.

Así mismo se solicita que se prohíba para actividades proselitistas la utilización de los inmuebles o bienes de carácter público. Tampoco se podría facilitar el alojamiento y el transporte a electores de candidatos a cargos de elección popular.

La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podría modificar dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones, salvo que se trate de provisión de cargos por falta definitiva, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa.