«De la impunidad a la Verdad. Informe sobre Ejecuciones Extrajudiciales en el Departamento del Huila» es el nombre del informe que le entregó este miércoles la Corporación Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio (Obsurdh), a la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En un acto simbólico, que tuvo lugar en la Universidad Surcolombiana de Neiva, esa organización social, que lleva más de diez años trabajando en la defensa de los derechos humanos, le presentó a la JEP una documentación de casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos en el Huila, con el propósito de que la jurisdicción continúe en su labor de garantizar los derechos de las víctimas y trabajar por la búsqueda de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

«Con la construcción de este informe estamos depositando nuestra entera confianza en los mecanismos de justicia transicional creados a partir del punto 5 del Acuerdo de Paz, esperando que sean estos los que nos garanticen la reparación sobre el buen nombre de nuestras víctimas y la verdad sobre los responsables de estos hechos injustificables, que ocasionaron un dolor y una pérdida irreparable en el seno de sus hogares», expresó Óscar E. Prieto, Asesor técnico del OBSURDH.

Por su parte, Catalina Díaz, magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad, agradeció el voto de confianza que deposita esta organización social en la JEP. «La Jurisdicción Especial para la Paz existe en buena medida gracias al incansable y decidido trabajo de miles de víctimas que a lo largo y ancho del país han luchado por la verdad, por la memoria y la dignidad. Hoy reiteramos nuestro compromiso de hacer nuestros mejores esfuerzos para hacer justicia, esclarecer los hechos y para que haya verdad plena sobre lo ocurrido», aseguró la magistrada.

Con la entrega de este informe a la Sala de Reconocimiento de la JEP se garantiza el acceso efectivo de las víctimas a este sistema de justicia y también su participación en el Caso 003, que le da prioridad a las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el marco del conflicto armado. Cabe recordar que, a través del auto 005 del 2018, la JEP dio conocimiento de este caso, basándose en el informe «Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado», que fue entregado por la Fiscalía General de la Nación.