Sucedió en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, órgano que dejó sin efecto la sentencia de un juzgado de Caracas que ordenó la liberación inmediata de 59 colombianos, en noviembre de 2017, que están detenidos en una dependencia policial en la capital de ese país.

El máximo tribunal de Venezuela autorizó la solicitud de revisión de la sentencia, realizada por el fiscal Víctor Hugo Arias Revilla, quien consideró que el dictamen «desnaturalizó e hizo nugatorio» un proceso de deportación que asegura ya había sido iniciado.

El supremo venezolano se declaró «competente» para conocer esta solicitud por lo que acordó una «medida cautelar de suspensión de efectos» a la referida sentencia.

Y ordenó al Ministerio Público y al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, que remitan la documentación relacionada tanto con los ciudadanos colombianos como con la verificación de «un expediente administrativo relativo al proceso de deportación».

Los 59 colombianos fueron detenidos en septiembre de 2016 señalados por el presidente Nicolás Maduro de formar parte de un «grupo paramilitar» que generaría desestabilización durante una movilización opositora.