–La prórroga por 4 años de la Ley 418 o de Orden Público fue aprobada por la plenaria del Senado de la República, tras hundirse en la Cámara de Representantes la proposición por medio de la cual se pretendían revivir las ordenes de captura contra los cabecillas de las exFarc, tal como lo informamos oportunamente, en nota aparte, aquí en la web de Radio Santa Fe.

El proyecto, que también fue avalado por la Cámara de Representantes, establece marco jurídico para eventuales futuros diálogos de paz y crea un centro de coordinación para combatir las finanzas de organizaciones dedicadas a los delitos transnacionales y terrorismo, así como atender las necesidades de las víctimas del conflicto armado, entre otros temas.

La Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, tras celebrar la aprobación y agradecer por ello tanto al Senado como a la Cámara de Representantes, destacó el proyecto de ley que tiene dos propósitos: garantizar la seguridad y la paz.

«Tengan la certeza que se utilizará en el marco de la Constitución Nacional y en beneficio del país», afirmó la funcionaria.

La prórroga de esta ley, cuya finalidad es brindarle facultades al Presidente de la República para eventuales procesos de paz y garantizar el orden público en el territorio, incluye disposiciones adicionales que buscan llegar al territorio con inversión en seguridad e infraestructura.

La ministra destacó otros puntos incluidos en la Ley:

• El Consejo de Seguridad Nacional declara las Zonas Estratégicas de Intervención Integral, ZEII, en las regiones afectadas por la violencia, con el fin de proteger a la población y garantizar la acción del Estado. Estos planes no suspenden los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial sino que, por el contrario, se articulan.

• El Presidente designará un Gabinete de Paz encargado de coordinar la estrategia integral, a través de una Hoja de Ruta Única, en los territorios priorizados.

• El Gobierno reglamentará la Subcuenta en el Fondo de Programas Especiales para la Paz para financiar planes, programas y estrategias, con recursos adicionales del Presupuesto Público, cooperación internacional y aportes del sector privado.

• Las zonas no comprometerán recursos definidos en el Plan Marco de Implementación para los PDETs.

• Se crea el Centro de Coordinación contra las Finanzas Organizacionales de Delito Transnacional y Terrorismo cuya finalidad es perseguir y desmantelar bienes de origen ilícitos o actividades ilícitas. La Secretaría Técnica estará a cargo de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF.

• Todas las armas de fuego, debidamente legalizadas, se administrarán por el Ministerio de Defensa, y la información sobre huella balística de armas vinculadas en investigación judicial será administrada por la Fiscalía. Quienes tengan permisos vencidos o no quieran tener armas deben entregarlas, a cambio de una condonación de multas, deudas y sanciones, al Departamento de Control, Comercio de Armas, Municiones y Explosivos.

• El Gobierno reglamentará las condiciones de instalación, fabricación, comercialización, importación, exportación, transporte, distribución, adquisición, almacenamiento, venta, suministro, reparación, publicidad, marketing y uso de inhibidores, bloqueadores y amplificadores de señales radioeléctricas para prevenir conductas delictivas.

El ponente de la iniciativa, senador Germán Varón Cotrino también explicó los alcances de los artículos de la citada Ley, cuya última vigencia vencía el próximo 18 de diciembre, así:

A través de esta iniciativa se crean las zonas estratégicas de intervención integral, que podrían competir con los PDETS (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).

Así mismo se fortalece el Consejo de Seguridad Nacional, que podrá declarar zonas estratégicas de intervención integral a regiones afectadas por la criminalidad, que afecten la seguridad nacional, especificando que estas áreas serán objeto de planes especiales de fortalecimiento del Estado social de derecho.

Establece que los planes integrales tendrán la duración que determine el Consejo de Seguridad Nacional.

Igualmente, el citado Consejo señalará cuándo una organización se califica como grupo armado organizado al margen de la ley y si se dan las condiciones necesarias para que pueda ser sometida a esta ley.

Las condiciones son requisitos para que el gobierno pueda adelantar diálogos y acuerdos de desmovilización, desarme y reintegración del grupo armado. La caracterización tendrá una vigencia de seis meses.

A su vez se coordinará la estrategia integral en los territorios priorizados donde se articularán, en la hoja de ruta única, lo correspondientes a la intervención de las zonas estratégicas de la intervención integral, los programas de desarrollo con enfoque territorial, los planes de acción para la transformación rural, planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo, los planes nacionales sectoriales y lo dispuesto en el plan marco de implementación.

Por otra parte, se dispuso que el gobierno creerá una subcuenta en el Fondo de Programas Especiales para la Paz, para financiar los planes, programas y estrategias de las zonas estratégicas de intervención integral.

Los recursos serán adicionales del presupuesto público y además se tendrá en cuenta la cooperación internacional y los aportes del sector privado.

También se crea el Centro de Coordinación para combatir las finanzas de organizaciones dedicadas a los delitos transnacionales y terrorismo. Será una labor mancomunada de la Fuerza Pública, los organismos que realizan actividades de inteligencia y contrainteligencia, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales.

La Secretaría Técnica del Centro será ejercida por la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF.

Igualmente se crea el Registro Nacional de Identificación Balística, que estará a cargo del Ministerio de Defensa Nacional.

Sobre el porte de armas se reglamenta que las personas que tengan o porten armas, con permisos vencidos o que no quieran seguir portándolas podrán entregarlas al Departamento de Control, Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, DCCA.

Además, se facultó al Gobierno para reglamentar inhibidores, bloqueadores y amplificadores de señales radioeléctricas.