La representante a la Cámara María José Pizarro denunció que el Proyecto Ley que busca regular las comunicaciones (televisión, internet y radio) es inconstitucional ya que omitió en su trámite el derecho fundamental a la consulta previa, vital para garantizar la participación de las poblaciones afro e indígenas que se verán afectadas en sus territorios, cultura e identidad.

“Creemos en la importancia de modernizar el sector, pero advertimos, sin ser escuchados, que hizo falta discusión y apertura de la iniciativa. En el caso de los grupos étnicos, indígenas y afro la consulta previa era obligatoria en tanto que las normas introducidas relacionadas con infraestructura, contenidos y financiamiento de la televisión pública, educativa y cultural afectan directamente a los pueblos indígenas, sus territorios y culturas”, aseguró la congresista María José Pizarro.

Pizarro que junto con congresistas de la Bancada Alternativa pidió el archivo del proyecto, dijo que la omisión del derecho a la consulta previa no puede constituirse en una simple formalidad, sino que exige concertación profunda sobre el contenido de la iniciativa e incidencia real en la formulación de la política pública que ha debido ser anterior a la redacción del proyecto.

La discusión realizada en tiempo récord y con mensaje de urgencia no ha permitido revisar asuntos claves como la concentración del poder en el Gobierno y las implicaciones que esto tendría para la pluralidad informativa. “Por ejemplo, el proyecto 152 le da al Gobierno funciones y competencias de regulación, vigilancia y control de las comunicaciones, donde podrán sancionar con amonestaciones, multas superiores a los 4.000 millones de pesos, caducidad o revocatoria de la concesión o licencia; la pregunta aquí sería ¿Qué tipo de garantía para la libertad de comunicar existiría? ¿Qué garantías hay para la libertad de contenidos? Difícil. A mi modo de ver el Artículo 40 está diseñado para la censura”, aseguró María José Pizarro.

La Bancada Alternativa y las asociaciones, gremios y trabajadores del sector han puesto las alertas en cinco puntos fundamentales:
1. El Afán
Sabemos que el afán se debe a que los privados y los cable operadores quieren evitar el pago que tienen que hacer en enero de las contraprestaciones a las que están obligados por ley, para renovar su licencia de uso del espectro.
2. La independencia
La creación de un regulador convergente es importante. Sin embargo, la convergencia requiere de autonomía, para poder cumplir con su deber de garantizar el interés público y los derechos fundamentales de los colombianos, que se ven reflejados y garantizados por la existencia de una TV pública y por medios de calidad, libres e independientes. Los medios públicos deben pertenecer al Estado, no al gobierno.
3. La financiación
Mucha de la plata que antes se destinaba a contenidos deja de estar en el mapa del PL, para entrar en un limbo en el que no se sabe si irá destinado a garantizar el fortalecimiento de la identidad y la garantía de una TV hecha para todos con calidad idónea o si se va a utilizar en expandir cables y antenas
Regalar el uso del espectro ampliando las licencias y reducir la cuota de contraprestación que deben pagar operadores privados que no siempre están en desventaja, es desbalancear en favor del mercado, un sistema cuyo equilibrio garantizaba, mal que bien, un beneficio para todos los actores. Creemos que eso mismo se puede hacer desde la mirada convergente
4. La verdadera convergencia
Una de las señales de alarma más llamativas es la poca convergencia real que demuestra el proyecto de ley en sus alcances. Desde la mirada experta de personas y entidades dedicadas al estudio y conceptualización de lo digital, el proyecto de ley 152 omite varios puntos sensibles en lo que respecta al papel de lo digital en la idea de la convergencia.

Uno que llama la atención es la omisión sistemática del papel de las OTT en este nuevo esquema. Nosotros no sabemos aún (el mundo entero está descubriéndolo en este instante) exactamente qué se les puede pedir a proveedores tan disímiles en su naturaleza como Apple TV, Amazon Prime, Youtube y Netflix, porque un control muy agresivo puede dar al traste con la maravilla de la conectividad, que es precisamente la libertad creativa que provee.

El segundo punto que nos preocupa es que no se está garantizando que se vaya a respetar la neutralidad de internet, cualidad fundamental del mundo digital, que no puede obviarse de ninguna manera. En el momento en que el panorama en internet sea cooptado y acaparado por los gigantes económicos, la gente no va a poder ver lo que le interese o lo que quiera en internet, sino estará supeditado a la plata que se pague para acaparar la pantalla de los dispositivos móviles y los computadores. Esto va en detrimento de la creación independiente y de los pequeños creadores, blogueros, Youtubers, influencers.

El tercer punto es que a todas luces el proyecto desconoce la naturaleza, utilidad y funcionamiento de las redes comunitarias y el uso real de lo digital como una herramienta de unión social. Se busca cumplir con la conectividad en cada uno de los municipios y territorios del país, pero se deja de lado el uso que se le pueda dar a esa misma conectividad

5. Lo público
Los medios públicos garantizan derechos fundamentales. Permiten reforzar la identidad de un país y poner a la gente en contacto con sus instituciones. Mirar de frente el actuar de los parlamentarios, monitorear la acción pública, política y social, tener una voz en los medios y crear redes de unión, cooperativas de creación y contenidos que sirven a la comunidad. Muchas de estas características esenciales de los medios públicos y comunitarios pueden verse vulneradas por el Proyecto de Ley 152