Frente al anuncio del Alcalde Peñalosa de continuar con las obras en los humedales Torca, Guaymaral, Tibabuyes, Jaboque, Córdoba y el Tunjo, la Concejal María Fernanda Rojas, la Senadora Angélica Lozano, la representante Angela María Robledo y la Red de Humedales; radicaron ante el Ministerio de Ambiente, una solicitud de medidas preventivas y sancionatorias.
La decisión se toma tras el anuncio de la Alcaldía de Bogotá de continuar con las obras en los humedales Torca, Guaymaral, Tibabuyes, Jaboque, Córdoba y el Tunjo, pese a la decisión preventiva del juez cuarto Administrativo que ordenó el pasado 18 de diciembre suspender el decreto 565 de 2017 con el que el que el Alcalde Peñalosa pretendía realizar obras duras dentro de los humedales.
La solicitud al Ministerio se hace tras la decisión del Juez cuarto Administrativo el pasado 18 de diciembre que ordenó suspender de manera temporal los efectos del Decreto 565 de 2017 a través del cual el alcalde Peñalosa tenía previsto realizar obras dentro de algunos de los humedales RAMSAR de Bogotá.
En una acción conjunta entre Concejo, Cámara y Senado se busca garantizar que la Administración del Alcalde Peñalosa cumpla con lo señalado por el Juez, de evitar continuar con seis contratos de la Empresa de Acueducto de Bogotá EAAB, los tres contratos en el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, y tres proyectos de valorización.
“Confiamos en la actuación del Estado y el respaldo a las sentencias judiciales que amparan la protección de los humedales”, señaló la Concejal Mafe Rojas del Partido Alianza Verde en el oficio radicado ante el MinAmbiente.
Es de señalar que el pasado dos de agosto de 2018 el equipo de la Concejal Rojas y miembros de la Red de Humedales presentaron una acción de nulidad en contra del decreto 565 de 2017, el cual modificó la Política de Humedales y que pretendía cambiar la definición de recreación pasiva dentro de los mismos, permitiendo la construcción de senderos para bicicletas y otras obras duras, acción que fue coadyuvada por distintas organizaciones ambientales de la ciudad.
En la decisión del juez Administrativo también se reconoce la falta de participación ciudadana en la modificación de la Política de Humedales y es por esto que concede las medidas cautelares solicitadas, las cuales garantizan la protección de los derechos colectivos.
