La salud pública que recibió Duque en 2018

diciembre 27, 2018 10:47 am

Por: Luis Eduardo Forero Medina
En la última década la discusión en torno al sistema de salud pública se ha centrado en las heridas presupuestarias, dejando de un lado la calidad y oportunidad en los servicios que deben recibir sus beneficiarios. La percepción gubernamental, en particular es la dolorosa situación en que se encontraron muchos pacientes; y en general “los dolores que sufre” el sector.

El gobierno que se estrenó este año encuentra una posición hipócrita respecto a los recursos de la salud, de quienes se rasgan las vestiduras porque la bolsa está vacía; sin embargo en esa materia pululan carteles como el de la Costa Caribe, que el gobierno reconoció que no fue denunciado oportunamente. Para el titular de la cartera, la salud colombiana atraviesa por un camino difícil; y de acuerdo al Defensor del Pueblo, lo que pasa en la salud en Colombia “es una vagabundería criminal que atenta contra la salud y vida de los colombianos”. Un balance permite concluir que algunas figuras creadas no han surtido su efecto; ejemplos de ello sobran, el MIAS, el RIAS y los RIPS; ( modelo integral de atención en salud; rutas integrales de atención en salud y registros individuales de prestación de servicios de salud, respectivamente ), no ha sido posible su implementación, menos en el campo y poblaciones alejadas. La UPC no será “la varita mágica” que arregle los problemas del sistema de salud; ni la aplicación MIPRES, que está demandada; al igual que otros actos administrativos. Esa app permite a los profesionales de la salud reportar la prescripción de tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC o servicios complementarios. Al CREE nadie le cree, el impuesto sobre la renta para la equidad, no ha logrado crear el empleo formal esperado. De los pocos que se han salvado de la hecatombe está la ADRES o “banco de la salud”,(La Administradora de los Recursos de la Seguridad Social en Salud ). Empezando por los hospitales públicos, están “carcomidos por la politiquería y el clientelismo”; sus nóminas surgen de indicaciones clientelistas, y su común denominador es el desbarajuste financiero. Las EPS (entidades promotoras de salud ) no se han mejorado de los abusos que por décadas se les han atribuido; están en la mira 22 del régimen contributivo y subsidiado, y cerca de 10 mil IPS ( instituciones prestadoras de servicios de salud ) siguen sin acreditar.

Lo que pasa en las regiones en salud es sinónimo de un mayúsculo descuido; la infraestructura y el equipamiento e instalaciones deja mucho que desear, como sucede para citar sólo algunos ejemplos, con el hospital departamental de Villavicencio y el de Mocoa que abriría sus puertas en abril de 2019, pero solo hasta el 2020 estaría concluido. Llama a lástima los hospitales de Buenaventura, Leticia, Maicao, Puerto Carreño, Quibdó, San Andrés, Tumaco y Valledupar. Dejusticia con base en un trabajo de campo en Vaupés, en relación al seguimiento a la implementación de la sentencia T-760-08, mostró las barreras geográficas de la población que vive en zonas alejadas y cómo estas dificultan la prevención, el tratamiento y el acceso a medicamentos de las comunidades. Igualmente puso de relieve “las dificultades a las que se enfrentan los pueblos indígenas y afros para poder llegar a los centros de salud”. En la Guajira, Cesar y Magdalena ha aumentado fatalmente la desnutrición infantil. En Bogotá han cerrado sus puertas centenares de servicios en la red pública hospitalaria supuestamente porque algunos profesionales le sacan el cuerpo a vincularse a través de cooperativas.
Todo esto sucede en el Sistema general de seguridad social en salud (SGSSS), creado por la Ley 100 de 1993; pese a la vigilancia de la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia Nacional de Salud que tiene la misión presidencial de desarticular las redes de corrupción del sistema de salud. La Super es vista como un ente débil, sin “dientes”, que impone multas risibles, gran parte impugnadas y revocadas. Por el expuesto panorama, los juzgados anualmente se congestionan con más de 120 mil tutelas, que terminan en desacato, y ni aun así son cumplidas.
La mayoría de los componentes de la cadena de salud pública donde imperan los abusos, serán redirigidos en miras al mejoramiento del sistema, caracterizado en los últimos cuatrienios en el “cortoplacismo”. A las enfermeras, técnicos, y médicos se les devolverá el brillo, en palabras del propio gobierno; contratándolos formalmente. Actualmente la mayoría de trabajadores de la salud son empleados a través de la tercerización laboral.
¿Qué se espera en el 2019? El gobierno con el Congreso de la República tienen la voluntad de recomponer la salud pública, en miras a mejorar la salud de la población; por lo que el talento humano será objeto de una especial intervención para lograr una mayor calidad. Se prevé una revisión de las normas de habilitación de las IPS , la reestructuración del INS (Instituto nacional de salud) y del Observatorio Nacional de Salud, convirtiéndola en una entidad dedicada más a la investigación. A partir del primero de enero, 902 medicamentos bajarán de precio. Finalmente se espera la ley de punto final respecto de la billonaria deuda a los hospitales públicos. @luforero4

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