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Suspendido exalcalde de Sabana de Torres, Santander

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Este jueves la Procuraduría General de la Nación suspendió 9 meses y 25 días, al mandatario de Sabana de Torres, Santander, para el período 2012 – 2015, Jairo Rivera Arciniegas, por la adjudicación irregular de un predio fiscal.

El disciplinado expidió las resoluciones nos. 0092 de marzo 27 de 2014 y No. 0093 del mismo mes y año, a través de las cuales cedió a título gratuito un bien fiscal, sin el lleno de los requisitos legales, por no haber adelantado el procedimiento legal señalado en la Ley 1001 de 2005 y en el Decreto Reglamentario 4825 de 2011.

Para el ente de control no fueron de recibo los argumentos del apoderado del exfuncionario, quien indicó que por su grado de formación dejó a cargo de un asesor jurídico externo y del secretario de Planeación el proceso del cual era el responsable, queriendo mostrar que su defendido solo firmó los actos administrativos.

Esta tesis no fue aceptada por el Ministerio Público pues independientemente de su grado de formación académica o por tratarse de ser la primera autoridad de un municipio de sexta categoría, los alcaldes no están exentos de cumplir cabalmente las funciones dispuestas en la Ley 136 de 1994 Art. 91, Literal D, numeral 1.

A juicio del ente de control, el exmandatario debió adelantar este trámite atendiendo el fin que se buscaba con el mismo, que no era otro que garantizar el acceso a la vivienda, a la población que durante años había ocupado predios fiscales y no había tenido acceso a la propiedad.

La falta fue calificada como grave cometida a título de culpa grave, por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones, teniendo en cuenta que la comunidad reclamaba del exmandatario diligencia en el desempeño de sus funciones.

De conformidad con el inciso tercero del artículo 46 de la Ley 734 de 2002, la suspensión se convertirá en salarios, según el monto de lo devengado al momento de la comisión de la falta, teniendo en cuenta que el investigado cesó en sus funciones.

La defensa interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, que será resuelto por la Procuraduría Regional de Santander.