El pago se hace en cumplimiento de las medidas cautelares expedidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso ha tenido el acompañamiento y la vigilancia permanente de los organismos de control. En 2017 y 2018 ya se habían realizado pagos a trabajadores, proveedores, contratistas y acreedores del Proyecto Ruta del Sol, sector 2.

La Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, informó que en cumplimiento del numeral cuarto de las medidas cautelares expedidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 14 de septiembre de 2017, dentro de la acción popular interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) autorizó un segundo pago por $627.000 millones de pesos a los bancos como acreedores y terceros de buena fe, del proyecto Ruta del Sol, sector 2.
Este pago se sumará a 1 billón 34 mil millones de pesos que la entidad ya ha pagado, dentro de los compromisos que se habían adquirido con proveedores, contratistas, acreedores de buena fe y, especialmente, con la liquidación de los cerca de 3.000 trabajadores que estaban contratados por el concesionario del Proyecto Ruta del Sol, sector 2, en 2017 y 2018.

La jefe de cartera indicó que «el pago no sólo es consecuente con el valor que la ANI reconoce sobre las obras que se alcanzaron a construir dentro del contrato de concesión conforme al concepto emitido por la interventoría del proyecto, y está dentro de la disponibilidad de recursos existentes en el fideicomiso».

Orozco agregó que «También está avalado por el Comité Interinstitucional del Sector Transporte creado en el marco de la acción popular y en el que participaron la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Transporte, la ANI, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Agencia Jurídica del Estado y la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, que después de un juicioso estudio, consideró que las medidas cautelares ordenadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca están vigentes para continuar con el trámite de aprobación de pago de las acreencias que aún persisten con trabajadores, contratistas, entidades financieras y acreedores de buena fe».